¿A qué pena podría enfrentarse el fiscal general tras su procesamiento?
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
porRafael Alejandro Escalona
politica
En casos muy graves la cárcel puede ser de uno a tres años junto con hasta cinco de inhabilitación
Compartir:
El Supremo le procesa por revelar secretos bajo el artículo 417 del Código Penal, sin hacer aún calificación jurídica firme. El magistrado Ángel Hurtado considera que sus acciones encajan en el delito de revelación de secretos.
El caso se basa en filtración de un correo del 2 febrero 2024 sobre presuntos delitos fiscales de Alberto González Amador. Conforme a 417.1 CP, si revela secretos del cargo, puede enfrentar multa y entre uno y tres años de inhabilitación
Si la filtración causó grave daño, la pena puede subir a prisión de uno a tres años y hasta cinco de inhabilitación. En caso de revelación de secretos de un particular, el artículo 417.2 contempla prisión de dos a cuatro años
Además, se suma multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo público de uno a tres años. Europa Press advierte que puede enfrentar de uno a cuatro años de cárcel y hasta cinco de inhabilitación.
Expertos penalistas coinciden en que, si se agrava el daño, la pena alcanza prisión de uno a tres años. Si se considera secreto de particular, la pena puede elevarse hasta cuatro años de prisión, apunta Economist & Jurist.
El fiscal general del Estado asegura haber cambiado 6 veces de móvil en los últimos años
El auto no impone la pena, solo abre el camino al procedimiento abreviado y da diez días para acusaciones. Las acusaciones deben decidir si pedir juicio oral o archivar en ese plazo establecido.
La difusión de un correo que contenía información tributaria encierra datos personales bajo reserva estatutaria. El magistrado señala que ese correo era confidencial y sujeto a reserva y que no debió llegar a prensa.
Se imputa que García Ortiz lo facilitó a medios, presuntamente por indicaciones de Presidencia. También se le atribuye eliminar mensajes y cambiar dispositivos para dificultar la investigación.
El artículo 417 CP castiga de 12 a 18 meses de multa e inhabilitación a quien revele secretos del cargo. Y si se revela secreto de particular, pena de cárcel de dos a cuatro años y suspensión de cargo.
El fiscal general, supuestamente, quiere dejar el cargo
En casos muy graves la cárcel puede ser de uno a tres años junto con hasta cinco de inhabilitación. Expertos destacan que el rango de castigos depende del tipo de secreto y el posible daño ocasionado.
El procesamiento marca el inicio del juicio rápido, una vía inusual para un fiscal general en activo. De confirmarse la pena máxima, podría suponer el primer caso de prisión efectiva para un fiscal general.
El plazo de diez días será clave para determinar si avanza al juicio o se archiva la causa. Mientras tanto, él mantiene su inocencia y el Gobierno mantiene su confianza apelando a presunción.
Torres y Bolaños recalcan que no existe obligación legal de dimisión tras procesamiento. La oposición, sin embargo, insiste en su dimisión y subraya que quien dio órdenes debe también apartarse.
