¿Qué influencia podría tener la declaración de la secretaria de Begoña Gómez?
Las acusaciones alegan que Álvarez intervino en trámites relacionados con la cátedra que Gómez dirigía en la UCM
El caso de Begoña Gómez suma nuevas complicaciones. La declaración de su secretaria personal, María Cristina Álvarez Rodríguez, promete ser clave. Álvarez, directora de programas en Moncloa, ha sido citada por el juez tras revelarse su implicación en gestiones de carácter privado.
Las acusaciones alegan que Álvarez intervino en trámites relacionados con la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Según informes, la asesora habría contactado con patrocinadores como Reale Seguros, buscando mantener la financiación de los programas de la cátedra.
Además, se sospecha que utilizó su puesto en Moncloa para presionar a la UCM en relación con un software registrado presuntamente por Gómez. La polémica comenzó con la revelación de correos electrónicos entregados al juez por la defensa de Begoña Gómez. Estos complican su situación.
En dichos correos, Álvarez aparece gestionando tareas que exceden sus competencias públicas, a favor de los intereses de la esposa del presidente. El Partido Popular también ha convocado a Álvarez para declarar en la Comisión Koldo, que investiga presuntas irregularidades del Ejecutivo.
Desde Vox hasta Manos Limpias, las acusaciones insisten en que las gestiones de Álvarez son prueba de un uso indebido de recursos públicos. Por su parte, Begoña Gómez defiende que las gestiones fueron solicitadas explícitamente por la universidad y que no hubo irregularidades.
El juez Peinado prevé interrogar a Álvarez el próximo 20 de diciembre para esclarecer su rol en los polémicos trámites investigados. Este caso, que mezcla política y universidad, pone de nuevo bajo escrutinio la relación entre el Gobierno y la Universidad Complutense.
Los investigadores buscan determinar si hubo abuso de poder o conflicto de intereses en las gestiones realizadas desde Moncloa. La oposición critica lo que consideran una "opacidad inaceptable" y exige transparencia respecto a la implicación de figuras gubernamentales.
Mientras tanto, el Gobierno ha evitado pronunciarse oficialmente sobre las citaciones o los posibles efectos políticos del caso en curso. Con las próximas audiencias y la Comisión Koldo en marcha, este caso podría derivar en consecuencias judiciales y políticas de gran impacto.
La ciudadanía, expectante, observa cómo el caso podría revelar más sobre el funcionamiento interno del círculo cercano del presidente.
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