EDATV Qué hay detrás del negocio del petróleo venezolano en España
Este escándalo no solo pone en jaque a Villafuel y a Víctor de Aldama, sino que abre una crisis de confianza en el sistema de control fiscal y energético español
La operadora Villafuel, dirigida por Víctor de Aldama, multiplicó su facturación por más de diez en plena importación de crudo venezolano. Las sospechas de fraude fiscal, relaciones con el régimen de Maduro y un veto de EE. UU. sobre Venezuela convierten este escándalo en uno de los más graves del sector energético español.
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y CORES, España reanudó sus importaciones de petróleo venezolano a finales de 2022. Coincidiendo con los movimientos comerciales de Villafuel.
En el último trimestre de ese año, la empresa declaró por primera vez compras significativas: 17.182 toneladas. En los siguientes tres trimestres, las cifras escalaron hasta superar las 200.000 toneladas.
El problema surge cuando se compara ese crecimiento meteórico con las capacidades financieras y logísticas reales de Villafuel. Según publica The Objetive, del sector sostienen que Aldama carecía de solvencia suficiente para adquirir directamente petróleo a Venezuela. Lo que ha desatado investigaciones sobre posibles empresas pantalla o financiación oculta.
Además, los vínculos con altos cargos del chavismo, como Delcy Rodríguez, y con el presidente de Hafesa, empresa también investigada, refuerzan las sospechas sobre un esquema mayor de operación encubierta.
Las sospechas de fraude fiscal, relaciones con el régimen de Maduro y un veto de EE. UU. sobre Venezuela | Europa Press
La Guardia Civil ha puesto el foco en un posible fraude masivo de IVA. En el mercado de hidrocarburos sin refinería, donde los márgenes de beneficio no suelen superar el 1 %, la clave está en la fiscalidad. Si una empresa acumula IVA sin declararlo, puede obtener un colchón financiero que le permite operar a pérdidas aparentes y aun así generar liquidez.
En este contexto, Villafuel fue dada de baja del Registro de Empresas Distribuidoras de Hidrocarburos (Redef) en febrero de 2024, tras detectarse posibles irregularidades.
Actualmente, la empresa está inhabilitada para seguir operando como distribuidora, aunque su defensa alega que todas las compras se hicieron dentro de depósitos fiscales legalmente habilitados, sin intervención directa en importaciones. Además, se presentan como víctimas de una trama organizada por otras compañías investigadas.
Sin embargo, el caso ha escalado a la Audiencia Nacional, donde se investigan delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal. Los investigadores buscan esclarecer quién financió realmente las operaciones. Cómo se aseguró el transporte del crudo y qué papel jugó el entorno político, tanto en España como en Venezuela, en facilitar el negocio.
Resulta especialmente polémico que otras compañías del sector, también implicadas en la misma investigación, sigan operando con normalidad. Tal es el caso de Hafesa, mientras Villafuel ha sido paralizada. A ello se suman los beneficios fiscales que el grupo de Aldama recibió en el País Vasco, concretamente de la Diputación Foral de Bizkaia, lo que añade otro frente de posible responsabilidad institucional.
El trasfondo geopolítico del caso no puede ignorarse. Las importaciones de petróleo venezolano estaban vetadas por Estados Unidos hasta hace poco. El repentino aumento de las compras y la opacidad en torno a los acuerdos con PDVSA (la petrolera estatal venezolana) hacen sospechar de un uso oportunista de un vacío normativo temporal, con respaldo o permisividad política.
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