Leopoldo Puente ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que registre el domicilio del exministro
Ábalos se encuentra en boca de todos. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que registre el domicilio del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia.
Esto, en el marco de la causa en la que se le investiga por el presunto cobro de comisiones en efectivo y en especie. Ello, a cambio de contratos de material sanitario y de obra pública durante la pandemia.
Supuestamente, los agentes buscan algo en concreto. Se trata de documentos relacionados con la adjudicación irregular de contratos de obra pública. Esto surgió después de que Víctor de Aldama confesara ante el juez que entregó comisiones para asegurar la preadjudicación de varios contratos gestionados por el Ministerio de Transportes durante su gestión.
Según fuentes consultadas por ABC, el magistrado Leopoldo Puente considera que existen indicios suficientes para procesar al político, ex número tres del PSOE hasta julio de 2021. Las acusaciones giran en torno a supuestas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos de material sanitario durante la pandemia, adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión por 53 millones de euros.
El empresario Víctor de Aldama es la pieza clave de la investigación. Sus declaraciones, respaldadas por pruebas, señalan a Ábalos y a su asesor, Koldo García, como beneficiarios de pagos irregulares.
Entre los indicios más graves están el alquiler de un lujoso piso en la Plaza de España de Madrid, valorado en 2.700 euros mensuales. Este para la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, gestionado por Luis Alberto Escolano, socio de Aldama.
También se investigan pagos en efectivo, como 10.000 euros mensuales a Koldo García. Además, el costeo de un alquiler vacacional en La Alcaidesa (Cádiz) a través de una sociedad ligada a un socio de Aldama.
La investigación no se limita a los contratos de la pandemia. El juez ha abierto líneas paralelas tras las confesiones de Aldama, que podrían atenuar su pena en el futuro.
Entre las revelaciones destaca la contratación irregular de Jésica Rodríguez y Claudia Montes, Miss Asturias 2017, en empresas públicas como Ineco, Tragsa y LogiRail. Rodríguez admitió haber cobrado más de 1.000 euros durante dos años sin trabajar, gracias a la intermediación de Ábalos y su entorno. Estas irregularidades han salpicado a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, ahora investigada en la Audiencia Nacional.
