Las pulseras antimaltrato fallan hasta en cinco aspectos y dejan en evidencia la gestión de Ana Redondo en Igualdad

El sistema de pulseras telemáticas para proteger a víctimas de violencia de género vuelve a quedar en entredicho y sitúa en el foco la gestión del Ministerio de Igualdad que dirige Ana Redondo. El último informe del Defensor del Pueblo recoge múltiples quejas registradas en 2025 que apuntan a fallos relevantes en estos dispositivos, pese a tratarse de una herramienta clave de protección.

Entre los problemas detectados figuran la falta de cobertura móvil, errores en la geolocalización, baterías con escasa autonomía, facilidad de manipulación y una tecnología que se ha quedado atrás. Todo ello, según el organismo, deriva en avisos constantes e incluso falsas alarmas que activan protocolos de emergencia sin que exista una amenaza real.

Pero más allá de las molestias, el informe advierte de algo más preocupante: estos fallos pueden comprometer la eficacia del sistema. En algunos casos, las incidencias han dificultado el seguimiento de órdenes de alejamiento e incluso han influido en procedimientos judiciales, lo que ha reabierto el debate sobre la fiabilidad de los dispositivos actuales.

La situación se agrava en zonas rurales, donde la cobertura sigue siendo limitada. Un problema conocido desde hace años, pero que continúa sin resolverse de forma efectiva.

Casos que reflejan fallos del sistema

El documento también incluye ejemplos concretos que evidencian el impacto directo en las víctimas. En uno de ellos, un agresor logró manipular la pulsera para generar alertas continuas, provocando un estado de ansiedad constante. Ni siquiera el cambio del dispositivo evitó que la situación se repitiera.

También se han detectado conflictos difíciles de interpretar por fallos técnicos, lo que complica la gestión de posibles incumplimientos y pone en cuestión la precisión del sistema.

Ante este escenario, el Gobierno ha optado por renovar el modelo con tobilleras electrónicas más avanzadas y menos vulnerables. La propia ministra Ana Redondo anunció este cambio tras reconocer problemas de fiabilidad en los dispositivos actuales. El nuevo contrato, en vigor hasta 2029, supera los 71 millones de euros e incluye la sustitución rápida de equipos en caso de fallo.

El informe también menciona dificultades de acceso a otros sistemas de protección como Cometa o Atempro, especialmente en el ámbito de la violencia sexual.

Pese a todo, el Defensor del Pueblo recuerda que se trata de un sistema complejo, con millones de datos gestionados cada día. Precisamente por eso, insiste en la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones y corregir los fallos detectados para garantizar una protección efectiva.