El puesto privilegiado que el PSOE colocó a Sánchez Acera para el 23-J

Se trata de Pilar Sánchez Acera, la jefa de Gabinete del socialista Óscar López. Se enfrenta a una nueva polémica.

Tal y como ha señalado El Debate, el PSOE ubicó a Sánchez Acera en el puesto número catorce de las listas del Congreso por Madrid. 

Encabezadas por el propio Pedro Sánchez, en las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Esto según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que dio a conocer las candidaturas oficiales.

Varios de los primeros puestos en la lista del PSOE por Madrid han renunciado a su escaño, entre ellos la actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

También la ministra de Defensa, Margarita Robles. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Por último, la eurodiputada Hana Jalloul. En este contexto, Sánchez Acera también ha declinado asumir su puesto como diputada.

Se debe a que actualmente Vicente Montávez Aguillaume, quien ocupaba el puesto 19, es uno de los 350 representantes en la Cámara Baja.

Así lo recoge El Debate.

Filtración del novio de Ayuso

Recordemos que Sánchez Acera ya ha sido señalada. Tal y como explicó ABC, una notaría situada en los aledaños del madrileño paseo de la Castellana tiene las pruebas. Concretamente, desde principios de noviembre, tal y como reconoció Juan Lobato a dicho medio.

Esos datos del pasado 14 de marzo se manejaron directamente desde el Palacio de La Moncloa y de ella se encargó Pilar Sánchez Acera.

En ese momento era la jefa de Gabinete de Óscar López, director de Gabinete de Pedro Sánchez. Es decir, quien consumó el hecho era la mano derecha del hombre de confianza de Pedro Sánchez.

Tiene una vasta trayectoria política en las filas del PSOE madrileño al que llegó desde Juventudes Socialistas. Además se estrenó en el Ayuntamiento de Alcobendas, primero como concejal (1999-2003). Después como teniente de alcalde (2003-2007) hasta su salto a la primera línea como diputada de la Asamblea regional.

El contexto

La Presidencia del Gobierno está tras la filtración de la información secreta y privada de Alberto González Amador. Que investiga el Tribunal Supremo y por la que está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.