Delitos como secuestro, asesinato, lesiones o estragos terroristas quedarían fuera del alcance de la acción popular
El PSOE ha presentado una propuesta que restringe la acción popular en delitos de terrorismo, generando polémica y preocupación.
La Ley Orgánica propuesta solo permitirá la acción popular en casos de enaltecimiento terrorista, excluyendo otros delitos graves.
Delitos como secuestro, asesinato, lesiones o estragos terroristas quedarían fuera del alcance de la acción popular.
Esta iniciativa retoma propuestas previas de 2020, elaboradas durante el mandato del exministro Juan Carlos Campo.
La acción popular, clave en casos sin afectados directos, quedaría restringida, dejando a asociaciones sin herramientas legales.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo temen no poder actuar en procesos clave que dependen de su intervención activa.
La AVT, fundada en 1981, ha jugado un rol crucial en la defensa legal de las víctimas, tanto individual como colectivamente.
En una entrevista con el ABC. La abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara, alerta que la reforma pondrá en riesgo la labor jurídica de estas entidades.
Según Ladrón de Guevara, muchas víctimas confían en la AVT para representarlas, evitando enfrentar solas a los acusados de terrorismo.
La propuesta del PSOE también excluye delitos sin víctimas directas, como el autoadoctrinamiento o la colaboración con terroristas.
Si se aprueba, los jueces decidirán si las asociaciones pueden actuar como acusación particular con el consentimiento de las víctimas.
Casos en la Audiencia Nacional, como los CDR o el autoadoctrinamiento yihadista, podrían quedar sin el respaldo de estas entidades.
La reforma también impactará procesos históricos, como el caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco, aun en litigio ante el Supremo.
Dignidad y Justicia, otra asociación clave, ha sido fundamental en impulsar procedimientos que ahora podrían verse comprometidos.
La Fiscalía comparte algunas restricciones planteadas por la reforma, dificultando aún más la intervención de las víctimas.
Desde la AVT advierten que esta medida podría beneficiar a los terroristas, debilitando la persecución de sus crímenes.
La exclusión de asociaciones en procesos judiciales podría afectar casos dormidos o sin autor conocido, esenciales para las víctimas.
Expertos califican la propuesta como "extremadamente grave" y asegura que presentarán medidas legislativas para frenarla.
La propuesta del PSOE enfrenta una fuerte oposición, acusada de debilitar la justicia en delitos relacionados con el terrorismo.
Asociaciones han anunciado que buscarán apoyo parlamentario para garantizar su papel en la lucha contra el terrorismo.
La comunidad jurídica y las víctimas exigen un debate profundo sobre las consecuencias de limitar la acción popular en España.
