Para el PSOE y Compromís, la Copa América es buena para Barcelona y mala para Valencia

La controversia sobre la propuesta de traer nuevamente la Copa América a València ha desatado un intenso debate político desde la izquierda valenciana en torno a las prioridades de inversión pública y la coherencia de decisiones a nivel autonómico y nacional. Tanto Compromís como el PSPV han rechazado la iniciativa de la alcaldesa María José Catalá, argumentando que los fondos necesarios para el canon deberían destinarse a necesidades más urgentes, como la compra de vivienda pública. Esta postura parte de la percepción de que el evento podría agravar problemas actuales como el aumento de precios de alquiler y la turistificación, en un momento en que la ciudad busca regular el turismo masivo para mitigar estos efectos. Sin embargo, la incoherencia del PSOE y Compromís es una prueba manifiesta de que, si un evento internacional es para Barcelona u otra ciudad española, se considera beneficioso, mientras que en València sería visto como negativo.

La posición del Gobierno de España en esta cuestión también queda en entredicho. Al declarar la Copa América como acontecimiento de "excepcional interés público", el Gobierno central aprobó ayudas económicas para la actual sede de la competición, Barcelona. La disonancia percibida en la asignación de recursos —con fondos millonarios destinados a eventos y centros de alto rendimiento en Cataluña— refuerza la realidad existente de que las decisiones gubernamentales pueden variar en función del color político o la región implicada. Es decir, si gobierna el PP, es considerado negativo; mientras que, si gobierna el PSOE de Sánchez con sus socios, se percibe como positivo y se brindan fondos o el apoyo que sea necesario.

La Copa América atrae turismo de calidad, generando un impulso económico contrastado en las ciudades que albergan el evento deportivo, tal como ya vivió València y la transformación que experimentó para albergar la competición náutica. Sin embargo, los detractores (PSOE y Compromís) advierten sobre el posible impacto negativo en el precio de la vivienda y las finanzas públicas de València, obviando las ventajas y beneficios que la ciudad podría ganar una vez más.

La falta de coherencia y uniformidad en las decisiones de financiación y apoyo institucional a nivel nacional por parte del Gobierno de la Nación evidencia la necesidad de criterios más estables y equitativos que respondan a las necesidades de las autonomías sin importar su alineación política, evitando así el uso de la financiación y ayudas del Estado como moneda de cambio, algo habitual en el gobierno de Sánchez.