La controversia sobre la propuesta de traer nuevamente la Copa América a València ha desatado un intenso debate político desde la izquierda valenciana en torno a las prioridades de inversión pública y la coherencia de decisiones a nivel autonómico y nacional. Tanto Compromís como el PSPV han rechazado la iniciativa de la alcaldesa María José Catalá, argumentando que los fondos necesarios para el canon deberían destinarse a necesidades más urgentes, como la compra de vivienda pública. Esta postura parte de la percepción de que el evento podría agravar problemas actuales como el aumento de precios de alquiler y la turistificación, en un momento en que la ciudad busca regular el turismo masivo para mitigar estos efectos. Sin embargo, la incoherencia del PSOE y Compromís es una prueba manifiesta de que, si un evento internacional es para Barcelona u otra ciudad española, se considera beneficioso, mientras que en València sería visto como negativo.
La posición del Gobierno de España en esta cuestión también queda en entredicho. Al declarar la Copa América como acontecimiento de "excepcional interés público", el Gobierno central aprobó ayudas económicas para la actual sede de la competición, Barcelona. La disonancia percibida en la asignación de recursos —con fondos millonarios destinados a eventos y centros de alto rendimiento en Cataluña— refuerza la realidad existente de que las decisiones gubernamentales pueden variar en función del color político o la región implicada. Es decir, si gobierna el PP, es considerado negativo; mientras que, si gobierna el PSOE de Sánchez con sus socios, se percibe como positivo y se brindan fondos o el apoyo que sea necesario.
