La amnistía sigue dando de qué hablar. Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ha anunciado que su partido presentará un veto a la Proposición de ley de amnistía del PSOE. Este anuncio llega un día antes de que el Pleno del Senado apruebe el conflicto con el Congreso de los Diputados debido a la tramitación considerada "irregular" de la Ley.
Los populares han decidido oponerse a la normativa en lugar de presentar enmiendas al texto, como hicieron en el Congreso de los Diputados. Esto aunque en ese caso se trató de enmiendas de supresión. En el Senado, la mayoría absoluta del PP asegura el veto, algo que no sucede en la Cámara Baja, donde el PSOE y sus aliados tienen la mayoría.
En una rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, Alicia García justificó el veto. Argumentó que la Proposición de ley de amnistía es "inconstitucional, se ha tramitado de forma fraudulenta y cuenta con el rechazo mayoritario de los españoles, siendo muy perjudicial para España. Esperamos que el Gobierno retire la ley, especialmente debido al daño que está causando y que será irreparable".
Esta determinación se tomó un día después de que la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado aprobara el informe de la ponencia que se opone al texto de la ley de amnistía enviado por el Congreso. Durante esta sesión de la comisión, varios presidentes autonómicos, en el caso de los populares, expresaron su rechazo a la Ley. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció que el próximo paso de su estrategia política será "la financiación singular y la autodeterminación".
El informe indica que la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía deja vulnerables a los Estados Autonómicos al establecer un precedente riesgoso para su propia estabilidad, al ofrecer una expectativa de impunidad a movimientos separatistas y actos insurreccionales que puedan desafiar en el futuro los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad sobre los que se basa nuestro modelo de organización territorial. Además, resalta que la aprobación de una ley de amnistía inconstitucional y arbitraria representaría un golpe severo al Estado Constitucional, tanto en términos políticos como jurídicos.
