El rechazo de la Diputación de Badajoz a reclamar el dinero cobrado por David Sánchez ha abierto un nuevo frente en el caso del hermano del presidente del Gobierno. El Grupo Popular de la institución provincial ha logrado incorporarse al procedimiento que tramita el Tribunal de Cuentas para determinar si debe exigirse la restitución de las cantidades abonadas durante su etapa como alto cargo.
La formación quiere que el hermano de Pedro Sánchez responda económicamente por los 340.572,36 euros que recibió entre 2017 y 2025. El procedimiento también afecta a Luis María Carrero, antiguo asesor de Moncloa que trabajó en la Diputación y que percibió cerca de 86.988 euros.
La admisión de los populares figura en una diligencia de ordenación del órgano fiscalizador, según ha publicado LA RAZÓN. Su incorporación se produce después de que la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz condenase a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. La resolución judicial permitió abrir la puerta a examinar las posibles responsabilidades contables derivadas de los hechos.
El principal obstáculo para recuperar las cantidades es la postura de la propia Diputación. La institución, gobernada ahora por la socialista Raquel del Puerto, no tiene intención de reclamar el dinero y sostiene que los pagos realizados estuvieron justificados.
El principal obstáculo para recuperar las cantidades es la postura de la propia Diputación
El Gobierno provincial socialista se niega a reclamar las retribuciones
La Diputación defiende que no se ha producido ningún daño económico a las arcas públicas. Su argumento es que tanto David Sánchez como Carrero cobraron por trabajos que efectivamente realizaron y por las funciones que tenían asignadas.
En su respuesta, la institución también cuestiona que las irregularidades administrativas puedan traducirse directamente en una responsabilidad contable. Además, recuerda que la condena dictada el 14 de julio todavía puede ser recurrida y que está pendiente de resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Esta posición choca frontalmente con la del PP, que considera que los salarios deben ser restituidos. Los populares han decidido intervenir en el procedimiento para defender la recuperación de los fondos públicos, pese a que la sentencia penal señaló a la Diputación y a la Fiscalía como las partes legitimadas para reclamar esas cantidades.
La reclamación supera los 427.000 euros
La batalla ante el Tribunal de Cuentas comenzó por iniciativa de Abogados Cristianos. La organización sostiene que el posible perjuicio económico no se limita a las nóminas de los dos trabajadores, sino que también incluye el dinero destinado al proyecto cultural "Ópera Joven".
Uno de los gastos que cuestiona es la producción de "La Paz Perpetua", que habría contado con un presupuesto de 128.000 euros y obtenido únicamente 2.000 euros de recaudación. Con este concepto añadido, la asociación sitúa por encima de los 427.000 euros el importe cuya recuperación reclama.
Abogados Cristianos acusa tanto a la Diputación como al Ministerio Fiscal de no haber impulsado las actuaciones necesarias para recuperar el dinero. En un escrito presentado ante el órgano fiscalizador, la entidad justifica su iniciativa por la supuesta falta de actuación de ambas instituciones y reclama que se restituyan los fondos que considera indebidamente percibidos.
La Fiscalía, por su parte, ha solicitado que se inicie el procedimiento para desarrollar las investigaciones previstas en la legislación contable.
