¿Por qué han procesado al líder del PSOE de Murcia Pepe Vélez?

El secretario general del  PSOE en Murcia,  Pepe Vélez, ha sido imputado por presuntos delitos  de malversación  de fondos públicos y prevaricación  administrativa. Al parecer, los hechos ocurrieron  durante su mandato como alcalde de Calasparra (Murcia), en el marco de la organización de eventos taurinos entre los años 2017 y 2019.

La decisión fue tomada por el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz, quien emitió un auto este jueves. La resolución judicial también incluye  a otras personas  implicadas en el caso.

Entre los nombres se encuentra el entonces concejal de Festejos  Jordi Arce, el exsecretario de organización del PSOE  en la región, y Antonio José Merino. Así como  Pedro Pérez Chicote, administrador de la empresa  Chipé Producciones, encargada de los festejos.

El juez argumenta que el Ayuntamiento de Calasparra realizó pagos a esta empresa que excedían notablemente los precios pactados originalmente. Haciendo especial hincapié en que la corporación municipal asumió una serie de gastos que no le correspondían. Los pagos se realizaron en el contexto de la cesión de ganado para los encierros vinculados a los festejos taurinos de la Feria del Arroz.

En 2017, el consistorio firmó un convenio con la empresa Chipé Producciones por un valor de 30,000 euros, mientras que en 2018 se suscribió un segundo acuerdo por 37,000 euros. Finalmente, en 2019 se realizó un contrato menor por 15,000 euros. A lo largo de estos tres años, el juez señala que el Ayuntamiento asumió diversos gastos, los cuales debieron haber sido costeados por la empresa.

El magistrado también destaca que la empresa recibió pagos directos mediante facturas que no contaban con la debida justificación. Además, en muchos casos, ni siquiera fueron requeridas por el propio consistorio.

Según la investigación, parte de los fondos públicos se emplearon para cubrir desembolsos asociados a la Feria Taurina del Arroz, un evento privado. Además de financiar gastos relacionados con la plaza de toros, que es de propiedad privada.

El juez considera que las pruebas recabadas hasta la fecha son suficientes para atribuir de manera preliminar la comisión de estos delitos a los implicados. El auto judicial señala que, aunque la investigación aún no ha concluido, existen indicios razonables que justifican continuar con el proceso penal.

El juez ha otorgado un plazo de diez días para que las partes presenten sus escritos de acusación y soliciten la apertura del juicio oral. Alternativamente, pueden optar por solicitar el sobreseimiento de las actuaciones. No obstante, esta resolución aún no es firme y podría ser recurrida, ya sea ante el propio juzgado o mediante un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.

Este caso supone un golpe significativo para el PSOE en la región de Murcia, y particularmente para Vélez, quien actualmente ocupa un puesto de relevancia en el partido. Las consecuencias políticas de este proceso judicial podrían tener repercusiones tanto a nivel local como regional, en un momento clave para la política murciana.