La Policía sigue sin encontrar el rastro del dinero que financió la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta

La investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio sigue sin arrojar resultados sobre quién pudo financiar la operación. La Policía Nacional no ha conseguido localizar movimientos económicos sospechosos que permitan identificar a los posibles responsables de la movilización. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) continúa rastreando el origen de los fondos, aunque sus pesquisas no han permitido encontrar, por ahora, pruebas de financiación ilegal.

La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, quiere esclarecer cómo se sufragó una operación en la que, según las estimaciones policiales, entraron más de 85.000 personas en menos de 48 horas. La jueza considera que una movilización de semejante magnitud necesitó necesariamente una infraestructura económica y logística. En este sentido, dejó por escrito que "difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros".

Una de las hipótesis que se puso sobre la mesa fue la utilización del sistema hawala, un mecanismo de transferencia de dinero que opera al margen de las entidades bancarias. La magistrada encargó a la UDEF que comprobara si se había recurrido a esta fórmula para financiar la entrada de inmigrantes. Sin embargo, los agentes no han encontrado hasta el momento indicios que permitan confirmar esta posibilidad.

El funcionamiento de este sistema dificulta considerablemente el trabajo de los investigadores. Las operaciones se realizan mediante intermediarios, conocidos como "hawaladers", que coordinan la entrega de cantidades equivalentes en distintos puntos geográficos. Una persona deposita el dinero en un lugar y otro intermediario se encarga de entregarlo al destinatario en otro país, sin necesidad de trasladar físicamente los fondos.

Para verificar cada intercambio se emplean elementos identificativos únicos, denominados "tokens". Uno de los más habituales es el número de serie de un billete, que permite reconocer la operación y garantizar que ambas partes cumplen lo acordado. De esta manera, las transferencias pueden completarse rápidamente y sin generar los registros habituales de una operación bancaria.

La UDEF cuenta con especialistas en este tipo de transacciones, frecuentes en países musulmanes y árabes. No obstante, demostrar su utilización exige un trabajo especialmente laborioso, basado en buena medida en la interceptación y el estudio de las comunicaciones telefónicas. Pese a que la mayoría de los inmigrantes llevaba un teléfono móvil cuando se produjo la entrada, los agentes todavía no han localizado pagos que apunten al empleo del hawala.

Las dificultades de la investigación también afectan al acceso a la información judicial. Según fuentes conocedoras de la causa, la unidad policial no dispone de toda la documentación, ya que parte de ella continúa bajo secreto de sumario. Además, las distintas unidades implicadas no comparten directamente sus avances. Tardón ha centralizado las comunicaciones con los investigadores para evitar posibles "interferencias" de sus superiores y eventuales presiones políticas procedentes del Ministerio del Interior.

La búsqueda de posibles responsables financieros comenzó a concretarse a mediados de septiembre. Entonces, la jueza solicitó a la UDEF y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que examinaran las operaciones económicas realizadas en Ceuta antes de los acontecimientos. El encargo contemplaba tanto las transferencias informales de dinero, incluido el hawala, como la contratación colectiva de transportes y cualquier otro gasto relacionado con la organización de la movilización.

En paralelo, la magistrada intenta determinar qué información tenían las autoridades españolas antes de que se produjera la entrada masiva. El pasado 27 de octubre, reclamó al Gobierno que desclasificara con carácter urgente y en un máximo de 15 días documentación reservada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las Fuerzas Armadas relacionada con los hechos.

La petición pretende aclarar si los responsables públicos conocían de antemano los movimientos migratorios que se estaban preparando, cuándo recibieron las primeras advertencias y qué decisiones adoptaron tras conocerlas. Tardón también ha reclamado las "notas e informes" elaborados por el CNI y distribuidos entre las autoridades desde el mismo día de la entrada, así como los documentos relacionados con la actuación de las autoridades marroquíes.

Por su parte, el Ministerio del Interior ya ha trasladado una primera explicación a la magistrada. El departamento sostiene que antes del 30 de julio existían elementos que permitían prever un aumento de la presión migratoria. Para justificarlo, hace referencia tanto a las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo que frenó las devoluciones en caliente de inmigrantes que llegaban a nado a Ceuta como a la evolución de las entradas registradas durante ese mes. Ambos factores, según Interior, permitían "anticipar un incremento progresivo de la presión migratoria".

Mientras continúa a la espera de la documentación solicitada al Ejecutivo, Tardón mantiene abiertas las diligencias testificales. Este martes está previsto que comparezcan cuatro testigos protegidos propuestos por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional. Sus declaraciones estarán centradas en los acontecimientos de julio. Un día después, el 11 de noviembre, acudirán a la Audiencia Nacional el jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Ceuta y un inspector del mismo cuerpo, cuyas comparecencias ya habían sido adelantadas por este medio.