El polémico Real Decreto que triplica los datos personales exigidos por los hoteles
El lunes entró en vigor el Real Decreto 993/2021, que obliga a hoteles y agencias de viajes a recopilar más datos personales de sus clientes
porRafael Alejandro Escalona
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La normativa establece que hoteles deben entregar 43 datos, mientras que alojamientos particulares suman 41
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El lunes entró en vigor el Real Decreto 993/2021, que obliga a hoteles y agencias de viajes a recopilar más datos personales de sus clientes. La normativa establece que hoteles deben entregar 43 datos, mientras que alojamientos particulares suman 41 y empresas de alquiler hasta 64.
Entre los datos exigidos están información sensible como parentescos, tipo de tarjeta de pago, titularidad y fecha de vencimiento. Antes del decreto, solo se requerían 14 datos básicos, como nombre, apellidos, DNI y nacionalidad, lo que ha generado preocupación en el sector.
La Confederación Española de Hoteles (Cehat) califica la medida como una violación de la privacidad y las normativas europeas de protección. Cehat denuncia que esta normativa incumple la Directiva (UE) 2015/2366, que protege datos bancarios mediante encriptación.
También argumentan que vulnera los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre privacidad. Solicitar datos de vínculos familiares, según la Cehat, atenta contra el derecho al respeto de la vida privada de los huéspedes.
Entre los datos exigidos están información sensible como parentescos, tipo de tarjeta de pago, titularidad y fecha de vencimiento
El incumplimiento del decreto podría llevar a multas de hasta 30.000 euros, aunque la UE suele imponer sanciones mayores. Por ello, Cehat ha anunciado acciones legales contra el Gobierno, exigiendo una revisión y aclaraciones sobre su aplicación.
La Asociación de Agencias de Viajes Europeas (Ectaa) alertó sobre el riesgo de ciberataques por la acumulación de datos sensibles. En un comunicado, Ectaa y Acave señalaron que ningún otro país europeo aplica una normativa similar en el sector turístico.
La polémica normativa contradice el principio de minimización de datos establecido por el Tribunal de Justicia de la UE. Sentencias como las C-293/12 y C-594/12 de 2014 prohíben el tratamiento masivo e indiscriminado de datos personales.
El sector turístico también critica la falta de diálogo con el Ministerio del Interior y la ausencia de aclaraciones específicas. Según los empresarios, duplicar o triplicar la información no garantiza una mayor seguridad y añade complejidad al sistema.
El incumplimiento del decreto podría llevar a multas de hasta 30.000 euros, aunque la UE suele imponer sanciones mayores
Aunque el Gobierno asegura que busca "reforzar la seguridad ciudadana", la medida enfrenta creciente oposición en el sector. Expertos en privacidad advierten que esta normativa podría tener un impacto negativo en el turismo y en la confianza del cliente.
La falta de una Orden Ministerial para concretar los detalles genera incertidumbre y dudas sobre su implementación efectiva. Cehat y otras asociaciones insisten en que esta medida podría contradecir principios legales y éticos a nivel europeo. El sector turístico, clave en la economía española, exige al Gobierno rectificar y adoptar una política más equilibrada y clara.
