La tensión institucional en torno al denominado “caso Begoña” ha escalado un nuevo peldaño tras la ofensiva jurídica emprendida por Iustitia Europa ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La organización, personada como acusación popular en la causa que instruye el magistrado Juan Carlos Peinado, ha solicitado formalmente la suspensión urgente de cualquier deliberación o actuación disciplinaria contra el juez.
El movimiento se produce después de que el instructor deslizara en una resolución judicial dudas sobre la actuación de la Policía Nacional ante una hipotética fuga de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, antes de una eventual apertura de juicio oral. Las declaraciones contenidas en ese auto provocaron una fuerte reacción política y abrieron el debate sobre si el CGPJ debía intervenir disciplinariamente.
Sin embargo, Iustitia Europa considera que cualquier iniciativa del órgano de gobierno de los jueces supondría una “grave intromisión” en la independencia judicial y en el principio constitucional de separación de poderes. En el escrito presentado de urgencia, la organización sostiene que las resoluciones judiciales “deben ser recurridas, no castigadas”.
La acusación popular argumenta que el CGPJ no puede convertirse en “una tercera instancia judicial” valorando el contenido de resoluciones que todavía pueden ser revisadas por órganos superiores. En este caso, recuerdan que corresponde exclusivamente a la Audiencia Provincial de Madrid determinar si las decisiones de Peinado son ajustadas o no a Derecho.
Uno de los puntos centrales del escrito hace referencia al artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Según este precepto, cuando una posible responsabilidad disciplinaria deriva de expresiones contenidas en una resolución judicial, el CGPJ solo puede actuar si existe un testimonio o comunicación formal remitida por el tribunal superior encargado de revisar dicha resolución.
Iustitia Europa subraya que, hasta el momento, la Audiencia Provincial de Madrid no ha emitido ninguna comunicación en ese sentido. Por ello, consideran que una eventual actuación disciplinaria impulsada a raíz de críticas políticas o institucionales carecería de base legal suficiente.
