Las acusaciones populares han solicitado a la Audiencia Nacional que aparte de cualquier capacidad de decisión sobre la Unidad Central Operativa (UCO) a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, mientras ambos permanezcan investigados en la causa de las denominadas 'cloacas' del PSOE.
La petición, presentada ante el magistrado Santiago Pedraz mediante varios escritos a los que ha tenido acceso El Debate, plantea que el mando sobre la UCO pase provisionalmente a otro responsable que no forme parte de la estructura jerárquica de los dos investigados. Las acusaciones, dirigidas por los servicios jurídicos del Partido Popular, consideran necesario evitar cualquier posible interferencia durante la instrucción.
Las acusaciones, dirigidas por los servicios jurídicos del Partido Popular, consideran necesario evitar cualquier posible interferencia
No se trata únicamente de retirarles el control operativo. También reclaman que ninguno de los dos pueda intervenir en decisiones relacionadas con los agentes de la unidad, ya sea a través de nombramientos, evaluaciones, cambios de destino, expedientes disciplinarios o funciones de supervisión. La solicitud afecta especialmente al Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN), encargado de algunas de las investigaciones más sensibles.
Los dos al margen
Las acusaciones piden además que Mercedes González y Manuel Llamas queden al margen de cualquier actuación administrativa que afecte a los miembros de la UCO. En concreto, solicitan que no puedan iniciar ni resolver informaciones reservadas o procedimientos disciplinarios mientras la investigación permanezca abierta.
Otro de los escritos reclama que ambos sean privados del acceso a documentos, expedientes y sistemas vinculados con la causa. Asimismo, solicitan que el juez les impida mantener cualquier tipo de contacto, ya sea de forma directa o mediante terceros, con los agentes y testigos que ya han declarado durante la instrucción.
Estas medidas cautelares se apoyan, según exponen las acusaciones, en la necesidad de preservar la independencia de la investigación y proteger las pruebas. La petición llega después de que salieran a la luz las reuniones mantenidas por Mercedes González y Manuel Llamas con Leire Díez, encuentros que forman parte de las diligencias que investiga la Audiencia Nacional.
