El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a evidenciar una falta de coherencia en su política exterior y de defensa. En octubre, anunció con bombos y platillos la suspensión de contratos militares con Israel.
Sin embargo, en los meses siguientes, ha adjudicado más de 9 millones de euros en contratos al Estado hebreo. La hemeroteca y las cifras desmienten los comunicados oficiales.
El ala de Sumar en el Ejecutivo exigió suspender cualquier trato militar con Israel tras el conflicto en Gaza. Pedro Sánchez prometió atender esa demanda, pero los hechos lo contradicen.
Entre octubre y noviembre, los ministerios de Interior y Defensa, liderados por Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles respectivamente, firmaron contratos millonarios con empresas israelíes.
Estas adjudicaciones no solo son contrarias al discurso del Gobierno, sino que también benefician directamente al Estado de Israel, accionista de las principales compañías contratadas.
La empresa Israel Military Industries Ltd. (IMI Systems), controlada en un 15% por el Gobierno israelí, ha sido la gran ganadora de este embrollo político.
Un macrocontrato que refuerza vínculos
El 21 de octubre, Interior adjudicó un macrosuministro de munición a Israel por 6,64 millones de euros. Tras las presiones de Sumar, el Ejecutivo aseguró que iniciaría los trámites para anular el contrato.
Sin embargo, más de dos meses después, no hay avances. En lugar de rescindir la adjudicación, el 11 de noviembre el Gobierno ratificó el acuerdo y cambió el adjudicatario a IMI Systems.
Este movimiento revela la prioridad que Sánchez otorga a mantener relaciones con Marruecos e Israel, frente a las exigencias de sus socios de coalición. Una decisión que desdibuja el compromiso de España con la paz y los derechos humanos.
