El Gobierno de Pedro Sánchez prepara una nueva vía para intentar recuperar los decretos de vivienda que el Congreso rechazó el pasado viernes. El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes nuevos textos basados en las medidas tumbadas para que posteriormente sean sometidos a la Diputación Permanente, el órgano que asumirá determinadas funciones del Congreso una vez disueltas las Cortes por la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre.
El movimiento modifica de manera sustancial la aritmética de la votación. La Diputación Permanente cuenta con 69 miembros y reproduce proporcionalmente la representación de los grupos, pero el peso de Junts queda reducido a un solo diputado. Si las fuerzas políticas mantienen el sentido de su voto del viernes, el Gobierno podría reunir 35 apoyos frente a 34 votos en contra para sacar adelante el primero de los decretos sin necesitar a la formación de Carles Puigdemont.
La operación llega apenas días después de que Sánchez decidiera adelantar las elecciones tras constatar que no tenía mayoría suficiente para aprobar las dos normas en el Pleno. El Ejecutivo intenta ahora evitar que la disolución de las Cortes deje definitivamente fuera algunas de las medidas con las que había situado la vivienda en el centro de su estrategia política.
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El primer decreto podría salir adelante sin Junts
El texto con mayores posibilidades es el primero de los dos rechazados. Incluía la ampliación de determinadas protecciones frente a los desahucios hasta 2030, medidas sobre contratos de alquiler, limitaciones temporales a determinadas operaciones de fondos de inversión y préstamos sin intereses para facilitar la compra de una primera vivienda.
En la votación del viernes contó con el respaldo de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y PNV, entre otros, pero cayó por 172 votos a favor frente a 178 en contra debido al rechazo de PP, Vox, Junts y UPN. La composición más reducida de la Diputación Permanente altera ahora ese equilibrio.
Si se reproducen los mismos apoyos, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos alcanzarían los 35 votos necesarios frente a los 34 de PP, Vox y Junts. El voto de los independentistas catalanes, que resultó decisivo en el Pleno, dejaría así de ser imprescindible para el Ejecutivo.
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El segundo decreto sigue sin tener los votos suficientes
La situación es diferente para el segundo decreto, centrado en reforzar la continuidad de los contratos de alquiler. El PNV votó en contra de ese texto el viernes y, si mantiene su posición, la nueva aritmética tampoco permitiría al Gobierno salvarlo: los partidarios sumarían 34 representantes frente a 35 contrarios.
El Ejecutivo todavía estudia si volverá a aprobar exactamente las mismas disposiciones o introducirá modificaciones antes de llevarlas al Consejo de Ministros. Esa decisión podría resultar especialmente relevante para intentar atraer al PNV o modificar el equilibrio del segundo decreto.
La fórmula utilizada está prevista constitucionalmente. Tras la disolución de las Cortes, la Diputación Permanente continúa ejerciendo sus funciones hasta que se constituyan las nuevas Cámaras y asume las facultades necesarias para pronunciarse sobre los decretos leyes. Estos deben someterse a convalidación o derogación dentro de los 30 días siguientes a su promulgación.
Sánchez dispone así de una última oportunidad parlamentaria antes del 29N: volver a aprobar las medidas que el Congreso acaba de rechazar y someterlas a una Cámara reducida en la que, al menos para el primer decreto, ya no necesita el voto de Junts.