Pedro Sánchez apunta a los jóvenes y usa las redes sociales para reforzar su control sobre la sociedad

En España ya no se gobierna solo con presupuestos o decretos, ahora también se gobierna moldeando comportamientos sociales desde los despachos. Bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, el Gobierno de España ha iniciado una transformación profunda del concepto de libertad individual.

Cada nueva medida llega envuelta en discursos de protección, bienestar colectivo o modernización institucional, aunque el resultado siempre apunta hacia más supervisión estatal. No se presentan prohibiciones directas, se presentan recomendaciones obligatorias que terminan convirtiéndose en normas sociales impuestas desde arriba.

El mensaje es constante y cada vez más claro. El ciudadano necesita guía, el Estado necesita poder, y la autonomía personal pasa a ser un privilegio condicionado.

Gobernar ya no es representar, ahora es dirigir vidas

La política actual ya no se limita a administrar servicios públicos o recaudar impuestos, ahora entra directamente en decisiones personales y culturales. Desde el consumo digital hasta la educación emocional, todo empieza a pasar por filtros ideológicos definidos desde el poder central.

No se habla de censura, se habla de seguridad. No se habla de control, se habla de acompañamiento.

Ese cambio de lenguaje no es casual, porque convierte la intervención política en algo aparentemente amable y técnicamente necesario. Así se normaliza que el Estado determine qué contenidos son adecuados, qué valores deben promoverse y qué comportamientos merecen corrección.

Cada regulación parece pequeña cuando se analiza sola, pero juntas construyen un sistema donde la libertad queda subordinada al criterio gubernamental. No es un golpe autoritario visible, es una acumulación lenta y perfectamente planificada.

Jóvenes dirigidos, pensamiento moderado y disidencia incómoda

Uno de los objetivos más evidentes de esta estrategia es la juventud, tratada como un colectivo que debe ser formado, corregido y encauzado. No se busca fomentar pensamiento crítico, se busca fabricar perfiles sociales previsibles y políticamente dóciles.

Las campañas institucionales ya no promueven debate, promueven conductas aceptables. La discrepancia se presenta como problema y la obediencia se vende como madurez democrática.

Mientras tanto, el Gobierno amplía su presencia en espacios privados como redes sociales, educación y hábitos culturales, bajo el pretexto de protección colectiva. Ese avance convierte ámbitos personales en territorios políticos donde el Estado actúa como tutor permanente. No es educación cívica, es ingeniería social cuidadosamente diseñada.

Un modelo que avanza sin oposición real

Lo más preocupante no es una ley concreta, sino el modelo completo que se construye sin debate profundo ni resistencia institucional efectiva. Cada paso reduce un poco más el margen de decisión individual.

España camina hacia un escenario donde el poder no solo gestiona recursos, sino que administra actitudes y pensamientos. Y cuando el Estado asume ese papel, la democracia entra en una zona peligrosa.

Hoy deciden qué puedes ver, mañana decidirán qué puedes decir, y pasado mañana qué ideas merecen existir. La política deja de representar al ciudadano y empieza a tutelarlo.

El Ejecutivo insiste en que todo responde a responsabilidad social, aunque la responsabilidad sin límites termina convirtiéndose en control estructural. Y el control, cuando se normaliza, ya no necesita explicaciones.

Porque primero llega en nombre del bien común. Luego se queda porque puede.