El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recopile y examine la actividad de 80 cuentas bancarias
La investigación del denominado caso Leire incorpora un nuevo bloque de diligencias centrado exclusivamente en el análisis de operaciones financieras. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recopile y examine la actividad de 80 cuentas bancarias vinculadas a personas y entidades que aparecen en el procedimiento, entre ellas varias relacionadas con el PSOE.
La medida figura en un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en el que el magistrado acuerda crear una pieza económica independiente del resto de la causa. Según explica la resolución, esa separación responde a la naturaleza especialmente sensible de la información financiera que deberá incorporarse al procedimiento y pretende evitar la difusión pública de esos datos durante la instrucción.
Una docena de entidades financieras
La orden judicial requiere la colaboración de una docena de entidades financieras, a las que se solicita documentación sobre la operativa registrada desde 2024. Entre otros extremos, deberán facilitar información sobre titulares, personas autorizadas, movimientos, saldos y cuentas de destino u origen de las transferencias para que los investigadores puedan reconstruir el recorrido del dinero.
Las diligencias afectan a cuentas atribuidas al PSOE, al exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías, a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, además del digital Crónica Libre y de varias sociedades vinculadas a algunos de los investigados. El reparto de las cuentas objeto de análisis aparece detallado en la resolución dictada por el instructor.
Las diligencias afectan a cuentas atribuidas al PSOE
Con esta nueva actuación, el juez pretende determinar si determinados pagos efectuados por el Partido Socialista respondían a servicios realmente prestados o si, por el contrario, pudieron tener otra finalidad relacionada con los hechos que se investigan en el procedimiento. Esa comprobación se integra en la causa que instruye la Audiencia Nacional por presuntos delitos de corrupción y actuaciones dirigidas contra la Administración de Justicia y las instituciones del Estado.
