El PSOE evita, por el momento, su imputación en el caso Leire Díez. El magistrado Santiago Pedraz ha decidido no incorporar a la formación socialista como investigada en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre una presunta red de maniobras contra investigaciones policiales y judiciales. La decisión, sin embargo, no es definitiva y podría revisarse a medida que avance el procedimiento.
La investigación todavía tiene cuestiones pendientes de esclarecer. Entre ellas figura el papel que habría desempeñado Santos Cerdán, antiguo responsable de Organización del PSOE, a quien se atribuye una posible intervención en la puesta en marcha de una estructura dirigida a interferir en procedimientos que afectaban al entorno socialista y al presidente Pedro Sánchez.
Precisamente, la declaración de Cerdán es una de las diligencias que la Fiscalía Anticorrupción considera necesarias antes de decidir si existen fundamentos para actuar penalmente contra el partido.
El PP señala una presunta financiación de la trama
La controversia judicial se ha intensificado coincidiendo con el anuncio de las elecciones generales del 29 de noviembre. Solo un día después de que Sánchez comunicara el adelanto electoral, el Partido Popular acudió a la Audiencia Nacional para reclamar que se investigara al PSOE como persona jurídica.
La controversia judicial se ha intensificado coincidiendo con el anuncio de las elecciones generales del 29 de noviembre
Su acusación se centra en una cuestión: determinar si los recursos económicos de la formación socialista se utilizaron para sostener las actividades de la presunta organización investigada.
Los populares defienden que las actuaciones conocidas hasta ahora permiten relacionar esos gastos con el partido y sostienen que se habrían realizado siguiendo instrucciones de Santos Cerdán.
A partir de esa interpretación, solicitaron que se examinara la posible comisión de delitos de financiación ilegal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación.
La tesis del PP es que la supuesta red no actuaba de manera independiente, sino que sus operaciones estaban orientadas a proteger los intereses políticos del PSOE.
Pedraz considera insuficientes las pruebas actuales
La respuesta judicial ha llegado este viernes. Pedraz reconoce en su resolución que los hechos expuestos podrían tener relevancia penal, pero diferencia esa posibilidad de la existencia de indicios suficientes para atribuir una conducta delictiva al PSOE.
El magistrado considera que, en la fase actual de la instrucción, todavía no se ha aportado una base probatoria que permita sostener razonablemente esa atribución.
Esta valoración coincide con la posición que Anticorrupción había comunicado el jueves, después de recibir el requerimiento del juez para pronunciarse sobre la solicitud del PP.
El Ministerio Público defendió que cualquier decisión sobre la responsabilidad penal de la formación socialista debía esperar a que se practicaran nuevas diligencias, particularmente la declaración del antiguo secretario de Organización.
Por tanto, la Audiencia Nacional no ha descartado que el PSOE pueda terminar siendo investigado. Lo que ha rechazado es adoptar esa medida con los elementos disponibles actualmente.
La causa continuará su tramitación mientras se intenta determinar quiénes participaron en las presuntas maniobras, qué finalidad perseguían y si existió alguna vinculación económica u organizativa con el partido.
