El acuerdo de Gobierno suscrito este jueves por PP y VOX en Andalucía, no solo dará estabilidad política a la región sino que además la blindará contra la inmigración ilegal.
De hecho, este asunto es el segundo gran bloque del citado acuerdo, y supone 12 de las 150 medidas acordadas entre ambas formaciones para que Juanma Moreno sea, por tercer mandato consecutivo, presidente.
La primera de las medidas pactadas en materia de inmigración es el “rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad” a Andalucía. Así, la Junta “se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos” al reparto de ilegales en la región y “no participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios” cuyo objeto sea fomentar esta inmigración ilegal.
Tampoco se crearán nuevos centros de acogida ni se ampliarán plazas en los existentes, “recudiendo el gastos en esta materia al mínimo imprescindible”.
Por su parte, la Junta “trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”, para ello “promoverá acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”.
Igualmente, el pacto incluye “la realización de pruebas de determinación de edad” y el “refuerzo de las que actualmente se practican” con el fin de “evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios” de la Junta.
Cierran el grifo a ONGs y entidades que promuevan la inmigración ilegal
La Cámara de Cuentas de Andalucía llevará a cabo, con carácter anual, “una auditoría de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva”, con el objetivo de “garantizar el mínimo desembolso” y “evitar destinar dinero público a organizaciones dedicadas al tráfico de personas”. A tal fin, “se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal” o “que incentiven el efecto llamada”.
En los centros de menas se llevará a cabo un “refuerzo de los protocolos de intervención y disciplina”, así como de la seguridad de los trabajadores de los mismos, al tiempo que se identificarán y evitarán “ubicaciones donde se generen problemas de convivencia y seguridad”.
Prioridad nacional basada en el arraigo en el acceso a las ayudas y vivienda
La prioridad nacional marcará el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, basándose para ello en “un arraigo real, duradero y verificable”. En este aspecto, y entre otras medidas, quedarán excluidos del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales “quienes se encuentren en situación irregular”, salvo “supuestos de urgencia vital”.
Mientras, tanto PP como VOX se comprometen por este acuerdo de Gobierno a instar al Ejecutivo Central a adaptar la legislación nacional al nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por Europa en marzo de este año y que endurece la política migratoria.
Prohibir el burka y el nicab para evitar la invisibilizacion de la mujer
Este acuerdo también recoge medidas para evitar la imposición de prácticas que invisibilicen a la mujer y vulneren los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad, así la Junta “prohibirá el uso del burka y del nicab” o cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro “en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos”.
Combatir el fraude en el empadronamiento
Para combatir el fraude en el empadronamiento y, por tanto, el acceso indebido a las ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales, otra de las grandes reivindicaciones de VOX durante la pasada legislatura, se creará un servicio de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva.
En este sentido, se exigirá al Gobierno de España una reforma legislativa para que el simple empadronamiento sin poseer un título habilitante de ocupación de la vivienda, sea considerado nulo de pleno derecho y no pueda constituir prueba de residencia ni generar acceso a derechos o prestaciones.
Por último, se reclamará al Ejecutivo Central que publique con carácter trimestral las estadísticas de los procedimientos de expulsión o prohibición de entrada a España por la comisión de delitos por parte de ilegales.
