En poco más de cinco años, la entidad habría superado los 266 millones de euros en subvenciones
La inmigración ilegal sigue siendo tema de conversación. Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez está dando de qué hablar por las ayudas que ofrece a todos los inmigrantes ilegales que llegan a la Península. Para ello, cuenta con ONG destinadas a todos ellos.
Entre ellas, se encuentra la ONG Accem. Desde el año 2020, ha concentrado una cantidad muy elevada de fondos públicos vinculados a programas de atención y acogida de inmigrantes en situación irregular. Así lo confirma La Gaceta.
En poco más de cinco años, la entidad habría superado los 266 millones de euros en subvenciones.
Los datos oficiales sobre ayudas públicas reflejan que la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones recibió 259,8 millones de euros entre enero de 2020 y junio de 2025.
Estos procedentes de diversos ministerios y organismos del Estado. A esta cifra se sumaron otros 6,17 millones otorgados en la segunda mitad de 2025. Sitúa el total percibido por la organización muy por encima de los 260 millones de euros en un periodo relativamente corto.
Se trata de una noticia que llega en un punto álgido en lo relacionado con la inmigración ilegal. Irene Montero, eurodiputada y secretaria política de Podemos, anunció el lunes un acuerdo con el PSOE para regularizar a los inmigrantes que acrediten al menos cinco meses de residencia en España. La medida avanzará este martes, cuando el Consejo de Ministros dé luz verde al inicio de la tramitación de un real decreto.
La medida permitirá obtener la residencia a todas las personas que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025, siempre que no tengan antecedentes penales y puedan demostrar un mínimo de cinco meses de residencia.
La acreditación podrá realizarse mediante el empadronamiento o a través de otros documentos, como un informe médico, un contrato de suministro eléctrico o de alquiler, o incluso un certificado de envío de dinero. Este tipo de alternativas ha sido muy solicitado por las organizaciones sociales, que señalan las dificultades que enfrentan quienes se encuentran en situación irregular para acceder al padrón.
Además, al presentar la solicitud, se suspenderán de forma automática los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión que estuvieran vigentes, ya sea por motivos administrativos o por trabajar sin autorización.
