El Gobierno incluye el nuevo modelo en su hoja de ruta legislativa de 2026 con condicionantes que la Generalitat y el PP rechazan de plano
Pedro Sánchez ha dado luz verde este martes a la hoja de ruta legislativa del Gobierno para 2026. Entre las 179 normas previstas figura, por primera vez desde su llegada a Moncloa en 2018, la reforma del sistema de financiación autonómica. Un compromiso que llega tarde, con prisas y con trampas.
El Plan Anual Normativo recoge el compromiso de aprobar el nuevo modelo en Consejo de Ministros antes de acabar el año. Un calendario ya desdibujado que inicialmente apuntaba a llevarlo al Congreso antes de verano. El responsable de pilotar la negociación será el nuevo ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, que hereda así el expediente más complicado de su antecesora, María Jesús Montero.
El problema es la letra pequeña. El modelo que Sánchez quiere impulsar ha sido pactado únicamente con ERC y contempla condicionantes en fiscalidad que, según Juanfran Pérez Llorca, cercarían la autonomía del Consell en materia impositiva. La Generalitat Valenciana, una de las grandes beneficiadas en teoría por el incremento del fondo de nivelación, ha evitado hasta ahora alinearse con la propuesta precisamente por esos flecos.
El PP y todas las comunidades que gobierna se han opuesto frontalmente. También los agentes sociales valencianos, que pese a respaldar a Llorca en la reclamación del fondo de nivelación, exigen negociar el nuevo reparto de forma "sustancialmente" más favorable para la Generalitat. Patronal y sindicatos piden diálogo. El Gobierno, de momento, impone condiciones.
Llorca, pendiente de que su partido lo ratifique como candidato para 2027, navega entre dos aguas: no puede rechazar un modelo que beneficia a Valencia, pero tampoco puede abrazar una propuesta que su dirección nacional rechaza y que incluye condicionantes que él mismo ha calificado de inaceptables.
Ocho años. Ese es el tiempo que Sánchez lleva en Moncloa sin mover un solo papel sobre la financiación autonómica mientras la Comunitat Valenciana acumulaba infrafinanciación, deuda y servicios públicos deteriorados. Que ahora lo incluya en su agenda legislativa con un modelo cosido con ERC y pendiente de negociación real no es un avance. Es, como mínimo, un reconocimiento tardío de una deuda que Valencia lleva demasiado tiempo pagando sola.
