Uno de los proyectos bajo la lupa es una obra adjudicada por más de 3,6 millones de euros a la empresa BECSA
Una obra pública en Toledo ha sido salpicada por el reciente informe de la UCO que investiga si existió trato de favor en la adjudicación del proyecto a una empresa vinculada.
Los agentes de la UCO pidieron al Supremo registrar dos inmuebles en Toledo ligados a la empresa Obras Públicas y Regadíos. Uno de los lugares registrados fue la sede regional de la empresa, ubicada en un edificio de oficinas en la avenida de Irlanda.
El otro fue la vivienda de Daniel Fernández Menéndez, antiguo administrador de la mercantil y vecino de la ciudad. Fernández es una de las piezas clave para los investigadores que siguen el rastro de las adjudicaciones del Ministerio.
Uno de los proyectos bajo la lupa es una obra adjudicada por más de 3,6 millones de euros a la empresa BECSA. Dicha obra incluye la construcción de un carril bici y una pasarela peatonal en la carretera TO-23 de Toledo.
El tramo afectado corresponde al barrio de Santa María de Benquerencia, conocido popularmente como el Polígono. El proyecto ha sido criticado por vecinos por su dudosa utilidad, ya que el carril nace en ningún sitio y no lleva a ningún lugar.
Además, parte de la obra consistía en ajardinar una rotonda inaccesible que fue descrita oficialmente como “parque urbano”. Los ciudadanos denuncian que el “parque” no tiene acceso para peatones y está en medio del tráfico, sin paso de cebra cercano.
El Ministerio defendió la adjudicación señalando que la obra busca “mejorar la seguridad de usuarios vulnerables”. Sin embargo, la infraestructura ha generado más dudas que aplausos entre los residentes y la oposición política.
La vía ciclista tiene cuatro metros de ancho en algunos tramos y 2,5 metros en otros, con bordillos a ambos lados. El firme se compone de zahorra artificial con una capa superior de polvo de sílice, según detalló el Ministerio.
Aunque se anunció como una solución de movilidad, muchos la ven como una obra vacía para justificar gasto público. Tras finalizarse la obra, el Estado cederá la vía al Ayuntamiento, que asumirá su costoso mantenimiento anual.
Ese mantenimiento se estima en medio millón de euros al año, otra cifra que levanta polémica entre los contribuyentes. Para la UCO, el contrato es sospechoso y se enmarca dentro del patrón observado en otras adjudicaciones del caso Koldo.
