Nuevo varapalo del caso Koldo: llega a manos de la Audiencia Nacional

Un giro inesperado en el caso Koldo. El Tribunal Supremo ha decidido que el  'caso Koldo'  sea traspasado a la Audiencia Nacional en lugar de a la Fiscalía Europea. Esto ha ocurrido al considerar que no se han comprometido los intereses financieros de la Unión Europea.

Por lo tanto, el Juzgado Central de Instrucción Número 2 será el encargado de continuar con la investigación sobre las presuntas irregularidades. En la adjudicación de contratos de mascarillas  a diversas administraciones públicas durante la pandemia. Recordemos que involucran a la supuesta trama liderada por Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

El tribunal decide sobre la cuestión de competencia positiva planteada por el juez Moreno. Determina que la Fiscalía Europea no tiene jurisdicción para investigar los hechos, dado que no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea.

En un auto notificado este viernes, se acuerda que el Juzgado Central de Instrucción nº 2 es el competente para investigar los hechos. Incluidos los contratos adjudicados por los Servicios de Salud balear y canario que son objeto del procedimiento de la Fiscalía Europea.

La Fiscalía Europea mantendrá su competencia únicamente en relación con la posible comisión de delitos. Delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea en dichos expedientes.

La Sala aclara que, según lo investigado hasta ahora, las actuaciones se centran en la posible existencia de una organización criminal. Habría buscado obtener de  manera irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en diversas administraciones públicas nacionales.

Esta organización podría haber actuado con la intervención y/o mediación de cargos públicos de dichas administraciones. Al igual que los miembros de la organización, se habrían enriquecido a través de sus acciones. Los posibles delitos en cuestión incluyen cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.

Además, se investiga si estos actos fueron ocultados mediante diversas operaciones financieras. Esto podría constituir delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

El tribunal coincide con el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo y de la Fiscalía Anticorrupción. Concluye que, "no podemos determinar que en las diligencias previas en trámite en el Juzgado Central de Instrucción nº 2 se estén investigando delitos". Estos delitos "intrínsecamente relacionados con el fraude de los intereses financieros de la Unión Europea".

Asegura que, "por su magnitud, justifiquen la intervención de un órgano supranacional como la Fiscalía Europea. Tampoco se puede afirmar que estos delitos representen una amenaza para los intereses de la Unión o para sus instituciones".