El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama deberá decidir si incorpora a la causa el informe remitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), después de haber dado traslado del mismo al Ministerio Fiscal para que emita su criterio.
El documento comunica que Hacienda mantiene abierta una investigación tributaria sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, Sonsoles Espinosa, sus hijas Laura y Alba —administradoras de la sociedad Whathefav— y Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores un estrecho colaborador y presunto testaferro del exjefe del Ejecutivo.
Según el informe, las actuaciones inspectoras se pusieron en marcha entre el 15 y el 22 de junio de 2026. La AEAT sostiene que la actividad de Whathefav presenta conexiones con la presunta trama investigada, un extremo que, a su juicio, justificaría la citación de las administradoras en calidad de investigadas.
Según el informe, las actuaciones inspectoras se pusieron en marcha entre el 15 y el 22 de junio de 2026
La inspección fiscal abarca los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2024 en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. En este último tributo, sin embargo, el análisis se amplía a periodos anteriores, remontándose hasta el ejercicio 2002.
Esta nueva comunicación se incorpora a una causa en la que Calama ya acordó el pasado mes de mayo investigar a Rodríguez Zapatero
Asimismo, la Agencia Tributaria ha trasladado al magistrado la conveniencia de paralizar de forma temporal las actuaciones administrativas para evitar que puedan interferir en las diligencias penales, orientadas a determinar si se cometieron delitos contra la Hacienda Pública.
Esta nueva comunicación se incorpora a una causa en la que Calama ya acordó el pasado mes de mayo investigar a Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Posteriormente, el procedimiento se amplió para incluir supuestos delitos de contrabando y fraude fiscal relacionados con la posesión de joyas valoradas en 1,3 millones de euros.
