Nuevo quebradero de cabeza para María Jesús Montero. La pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha demandado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Lo ha hecho ante el Tribunal Supremo por el presunto delito de intromisión ilegítima en su derecho al honor.
Lo hace, tal y como explica The Objective, en lo relacionado a unas declaraciones que hizo la socialista en marzo y octubre. González Amador exige una compensación de 40.000 euros. Esto después de que Montero se negara a participar en el acto de conciliación convocado en un juzgado de Madrid.
La conciliación estaba programada a raíz de una reclamación de González Amador por 40.000 euros. Debido a las declaraciones realizadas por la ministra el pasado 12 de marzo durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.
La demanda ya ha sido registrada por el Supremo, que ha solicitado a la Fiscalía un pronunciamiento sobre su competencia para llevar adelante el caso. Como explica El Confidencial, se ha designado al magistrado Pedro José Vela Torres como ponente en el caso.
La citación se debe a un presunto delito de intromisión ilegítima en su derecho al honor y la intimidad
La reclamación de González Amador se fundamentaba, tal y como se ha comentado, en hechos ocurridos el 12 de marzo. Fue cuando Montero criticó a la presidenta madrileña, acusándola de residir en un apartamento presuntamente financiado “con fraude a la Hacienda Pública” y mediante “comisiones” obtenidas por la venta de mascarillas.
Sion embargo, además de esas declaraciones, se pone el foco en las ocurridas aquel 23 de octubre en los pasillos del Congreso, donde exigía que Ayuso debía dimitir. "El señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos y surgen. Y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará".
El equipo legal de González Amador informó en marzo que estaba preparando una querella contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. La acusaba de revelación de secretos después de que se hicieran públicos algunos datos fiscales de él.
Esa misma semana, Ayuso denunció que su pareja es “un ciudadano particular sometido al acoso de todo el poder del Estado”. Con el fin de provocar su “destrucción personal”.
Ayuso acorrala a Begoña Gómez por sus vínculos con la UCM
Uso de la Abogacía del Estado
Tras la denuncia, en lugar de recurrir a un abogado particular, Montero ha querido hacer uso de la Abogacía del Estado. Se sumó así al uso excesivo del líder socialista Pedro Sánchez.
Tal y como explicó EDATV, el Ejecutivo acudió a la Abogacía del Estado. Lo hizo para declarar secreto el megacontrato de diez millones de euros al socio de su mujer, Begoña Gómez.
Actualmente, estos contratos son el foco de una investigación que involucra a Begoña Gómez. Está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción empresarial debido a las cartas de recomendación. Las firmó para mejorar las posibilidades de Barrabés en el proceso de licitación.
