Moncloa confía en que la Audiencia Provincial de Madrid termine por archivar el caso
La estrategia de Sánchez para proteger a Begoña Gómez, con sus vínculos con presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. Ha abierto una nueva batalla entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
La querella presentada por Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, acusándolo de prevaricación, parece ser solo el inicio de un conflicto mayor. Que algunos consideran un intento de minar la independencia de la justicia en España.
El enfrentamiento tiene su origen en la decisión del juez Peinado de abrir una investigación contra Gómez, basada en una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias.
La investigación se centra en contratos adjudicados a una Unión Temporal de Empresas en la que participaba un empresario cercano a Gómez. Además, la Universidad Complutense, donde ella ocupaba una cátedra. La reacción de Sánchez no se hizo esperar: ha acusado al magistrado de excederse en sus funciones y, según Moncloa, cometer "un grave error" que justificó la querella por prevaricación.
La maniobra de Sánchez, respaldada por la Abogacía del Estado, plantea varios interrogantes sobre el uso del "lawfare", una práctica en la que se emplean recursos judiciales con fines políticos. Si bien Sánchez sostiene que la querella es una respuesta necesaria ante lo que considera una injusticia flagrante. Muchos critican la jugada como un ataque contra la independencia judicial, una acusación que desde el Ejecutivo han negado rotundamente.
El argumento de Sánchez se sustenta en que Peinado no respetó los procedimientos legales adecuados. Como la citación presencial del presidente en Moncloa para tomarle declaración, cuando, por normativa, la declaración debía haberse realizado por escrito.
Además, la defensa de Gómez ha insistido en que las acusaciones carecen de fundamentos sólidos. Acusando al juez de haber filtrado información a la prensa que favoreció la publicación de detalles sensibles del caso.
Moncloa confía en que la Audiencia Provincial de Madrid termine por archivar el caso o, al menos, delimitar los cargos que se investigan contra Gómez. Esta posible resolución, prevista para finales de septiembre, sería una victoria política para Sánchez.
El debate sobre si Sánchez está defendiendo los derechos de su esposa o si está empleando el poder del Estado para acallar investigaciones incómodas es complejo. Lo que está claro es que este conflicto no solo afecta a la imagen de Begoña Gómez. Si no que también podría tener consecuencias a largo plazo en la relación entre los poderes ejecutivo y judicial en España.
