Ábalos ha tenido una nueva actualización. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha aceptado la solicitud del exministro para aplazar la fecha prevista de su declaración como investigado. Debido a este cambio, Ábalos debe hacer frente a una nueva fecha para su declaración, que según The Objective, será el 20 de febrero.
Según el medio, la petición fue presentada por el abogado del diputado del Grupo Mixto. Argumentó que la fecha inicial coincidía con una citación previa en un juzgado de lo Penal de Madrid, a la que debe asistir. Además, el magistrado ha dictado un auto en el que dispone entregar únicamente la transcripción de las declaraciones a las partes, con el fin de evitar la filtración de las grabaciones.
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Con este cambio, la declaración de Ábalos se traslada a dos días después, ya que recordemos que Puente le citó para declarar el próximo 18. Recordemos que junto a Ábalos, el magistrado también llamó a declarar a otros 17 testigos entre el 25 de febrero y el 5 de marzo.
Destaca Víctor Ábalos, hijo del exministro, también exaltos cargos del Ministerio de Transportes, como Jesús Manuel Gómez García, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera.
También el director de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno Medina. Por otro lado, han sido llamados a declarar Joseba García Izaguirre, hermano del investigado Koldo García. También Carmen Pano, su hija, Jessica Rodríguez García y varios empresarios.
Junto con la declaración, el Tribunal Supremo ha solicitado un análisis detallado de su patrimonio. No solo el de Ábalos, también el de su hijo.
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Este análisis deberá incluir información sobre cuentas bancarias, propiedades, vehículos y participaciones en empresas. Además de consultar fuentes abiertas para determinar si poseen o están vinculados a cualquier bien o sociedad mercantil.
La elaboración del informe patrimonial llevará tiempo, al igual que el análisis de sus comunicaciones, que hasta ahora permanecían intocables sin la debida autorización. Ahora podrán ser examinadas en busca de posibles indicios. La UCO enfrenta el desafío de encontrar pruebas, a pesar de que el principal implicado ha tenido casi un año para prepararse.
Recordemos que la causa está impulsada a partir de una denuncia particular y bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción. Investiga presuntos delitos de organización criminal.
Además de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Todos ellos relacionados con contratos de emergencia adjudicados durante la pandemia de COVID-19.
