La investigación patrimonial sobre el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero da un nuevo paso. Las últimas diligencias impulsadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han llevado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a ampliar el análisis de decenas de cuentas bancarias y productos financieros vinculados tanto al expresidente del Gobierno como a varias personas y sociedades de su círculo más cercano. Así lo confirma El Debate.
La decisión llega después de que los investigadores identificaran nuevas operaciones económicas que, según sostienen en sus informes, estarían relacionadas con la estructura societaria que centran las pesquisas. Entre ellas figura un flujo de 1,16 millones de euros procedente de Plus Ultra entre los años 2020 y 2025 que, de acuerdo con la investigación, habría circulado a través de Caletón Consultores, una mercantil que los agentes consideran una sociedad instrumental utilizada para redistribuir fondos.
La decisión llega después de que los investigadores identificaran nuevas operaciones económicas
El auto judicial describe esa empresa como una entidad sin actividad económica efectiva que habría servido para emitir y recibir facturas de terceros mientras era dirigida, presuntamente, por personas distintas de su administrador formal. A partir de esa operativa, la UDEF sostiene que parte del dinero habría terminado en otras sociedades y colaboradores que forman parte del entramado investigado.
Cuantía económica
Las nuevas pesquisas también elevan la cuantía económica que los investigadores atribuyen al expresidente. Según los cálculos incorporados a la causa, los ingresos bajo sospecha superarían ya los 3,09 millones de euros, una cifra que duplica prácticamente las estimaciones manejadas hasta ahora. Ese importe incluiría transferencias procedentes de distintas consultoras y empresas que aparecen reflejadas en la documentación incorporada al procedimiento.
Dentro de esa relación figuran sociedades como Análisis Relevante, Kreab Iberia, Thinking Heads, Gate Center, Focus Social Research, Chinalink, Mimo Advisors o Kreab Worldwide, entre otras, cuyos pagos están siendo examinados por los investigadores en el marco de la causa.
El magistrado ha autorizado además revisar el movimiento patrimonial de casi una veintena de personas físicas y jurídicas. La medida afecta a unas 60 cuentas bancarias repartidas entre trece entidades financieras y alcanza tanto a Zapatero como a miembros de su entorno familiar y profesional, incluidas su esposa, Sonsoles Espinosa; sus hijas, administradoras de Whathefav; su colaborador Julito Martínez y su secretaria, María Gertrudis Alcázar.
Respecto a esta última, la resolución judicial pone el foco en la compra al contado de una vivienda en Velilla de San Antonio por más de 132.000 euros, una operación realizada mediante varias transferencias entre 2021 y 2023. Aunque la UDEF no atribuye por ahora pagos directos desde el entramado investigado, el juez ha considerado procedente incorporar también su evolución patrimonial a las diligencias abiertas.