La norma que el Gobierno se salta en relación con los inmigrantes

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a protagonizar una polémica. Aunque la ley española exige que los ciudadanos renuncien a su nacionalidad anterior para obtener la española, el Gobierno no verificaría que los marroquíes cumplan este requisito. El Ejecutivo admite que no dispone de "una habilitación legal para exigir prueba de pérdida de nacionalidad anterior", lo que hace imposible comprobarlo.

Así lo confirma Okdiario. Según una respuesta parlamentaria, la Administración reconoce que todos los ciudadanos de Marruecos deben declarar que abandonan su nacionalidad de origen al solicitar la española, ya sea por opción, carta de naturaleza o residencia.

El artículo 23 del Código Civil establece que, para que la adquisición de la nacionalidad española sea válida por cualquiera de estos procedimientos, es necesario que la persona declare expresamente la renuncia a su nacionalidad anterior.

Polémica con los inmigrantes

Irene Montero, eurodiputada y secretaria política de Podemos, anunció un acuerdo con el PSOE para regularizar a los inmigrantes que acrediten al menos cinco meses de residencia en España.

La medida permitirá obtener la residencia a todas las personas que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025, siempre que no tengan antecedentes penales y puedan demostrar un mínimo de cinco meses de residencia.

La acreditación podrá realizarse mediante el empadronamiento o a través de otros documentos, como un informe médico, un contrato de suministro eléctrico o de alquiler, o incluso un certificado de envío de dinero. Este tipo de alternativas ha sido muy solicitado por las organizaciones sociales, que señalan las dificultades que enfrentan quienes se encuentran en situación irregular para acceder al padrón.

Además, al presentar la solicitud, se suspenderán de forma automática los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión que estuvieran vigentes, ya sea por motivos administrativos o por trabajar sin autorización.

Con la nueva propuesta del PSOE y Podemos, los inmigrantes que puedan acreditar cinco meses de residencia en España podrán ser regularizados sin vínculo laboral. Se trata de una medida que podría traer repercusiones en España.

Se plantea esto mediante un Real Decreto, es decir, saltándose el Congreso. Y es que el Gobierno no tiene derecho legal para tomar solo esta decisión sobre inmigración masiva, según recuerdan en redes. Y es que es un tema que le corresponde al Congreso según la Constitución y la ley española.