Montero ignora que la mayoría del tribunal que absolvió a Dani Alves son mujeres

La exministra de Igualdad y actual eurodiputada, Irene Montero, ha generado controversia en redes sociales tras criticar la absolución de Dani Alves por un caso de agresión sexual.

Según Montero, la sentencia refleja una "justicia patriarcal" y "de violencia institucional". Asegurando que la ley de su partido ha contribuido a la liberación de agresores sexuales. Sin embargo, su interpretación de los hechos ha sido rápidamente refutada por expertos y juristas, quienes señalan que el fallo responde a un análisis judicial riguroso.

Montero argumentó que la decisión de los tribunales de no condenar a Dani Alves se basa en un supuesto de "impunidad" para los agresores. Siguiendo lo que ella denomina la "cultura patriarcal" que sigue prevaleciendo en la justicia española. 

Según la exministra, la sentencia es un claro ejemplo de cómo el sistema judicial desprotege a las mujeres, perpetuando la violencia machista. Sin embargo, esta crítica no tiene en cuenta detalles fundamentales del proceso judicial y la fundamentación de la sentencia.

El tribunal encargado de juzgar el caso de Dani Alves estaba compuesto por tres mujeres y un hombre, María Àngels Vivas, Roser Bach y María Jesús Manzano y Manuel Álvarez.

La sentencia sostiene que no se puede aceptar la "credibilidad" de la víctima como equivalente a la fiabilidad de su testimonio. En palabras del tribunal, "credibilidad" hace referencia a la creencia subjetiva sobre una declaración, mientras que "fiabilidad" está relacionada con la veracidad de los hechos que se narran. La falta de pruebas que corroboraran la versión de la víctima impidió llegar a una condena, según el fallo judicial.

En este contexto, los jueces explicaron que, para que la declaración de la víctima fuera considerada fiable, debían existir elementos adicionales que confirmaran lo sucedido. Esto es un principio fundamental del derecho penal: la condena no puede basarse únicamente en la credibilidad de la víctima, sino en la existencia de pruebas objetivas que respalden la acusación. El tribunal dejó claro que la "veracidad" de los testimonios es clave, pero en este caso no se pudo verificar la versión de los hechos aportada por la víctima.

A pesar de esta explicación legal, Irene Montero no ha tardado en posicionarse en contra de la resolución judicial. Insistiendo en que la absolución de Dani Alves es una manifestación más de la impunidad que otorgan las leyes a los agresores sexuales.

Según ella, la reforma legislativa que ha promovido su partido ha rebajado las penas de los agresores. Lo que, según su interpretación, ha hecho posible que personas como Alves no enfrenten las consecuencias de sus acciones.