La sentencia sostiene que no se puede aceptar la "credibilidad" de la víctima como equivalente a la fiabilidad de su testimonio. En palabras del tribunal, "credibilidad" hace referencia a la creencia subjetiva sobre una declaración, mientras que "fiabilidad" está relacionada con la veracidad de los hechos que se narran. La falta de pruebas que corroboraran la versión de la víctima impidió llegar a una condena, según el fallo judicial.
En este contexto, los jueces explicaron que, para que la declaración de la víctima fuera considerada fiable, debían existir elementos adicionales que confirmaran lo sucedido. Esto es un principio fundamental del derecho penal: la condena no puede basarse únicamente en la credibilidad de la víctima, sino en la existencia de pruebas objetivas que respalden la acusación. El tribunal dejó claro que la "veracidad" de los testimonios es clave, pero en este caso no se pudo verificar la versión de los hechos aportada por la víctima.
A pesar de esta explicación legal, Irene Montero no ha tardado en posicionarse en contra de la resolución judicial. Insistiendo en que la absolución de Dani Alves es una manifestación más de la impunidad que otorgan las leyes a los agresores sexuales.
Según ella, la reforma legislativa que ha promovido su partido ha rebajado las penas de los agresores. Lo que, según su interpretación, ha hecho posible que personas como Alves no enfrenten las consecuencias de sus acciones.
