Según el informe de la UCO, Lobato recibió el correo el 14 de marzo de 2024, antes de su publicación en medios
La UCO ha revelado que Moncloa y Ferraz presionaron a Juan Lobato, para utilizar en la Asamblea de Madrid un correo filtrado sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Este correo, enviado por la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, contenía información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de Ayuso. Quien reconocía haber cometido dos delitos fiscales y proponía un pacto de conformidad con la Fiscalía.
Según el informe de la UCO, Lobato recibió el correo el 14 de marzo de 2024, antes de su publicación en medios de comunicación.
En conversaciones de WhatsApp, David del Campo, jefe de Gabinete del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, aconsejó a Lobato no utilizar el correo en la Asamblea. A pesar de las presiones de Moncloa y Ferraz. Que buscaban generar "el máximo ruido" para desviar la atención de las elecciones en Cataluña y la falta de Presupuestos Generales del Estado.
La UCO también señala que Francesc Vallés, entonces secretario de Estado de Comunicación, y Ion Antolín, actual secretario de Estado de Comunicación, estaban al tanto de la existencia del correo. Antes de su publicación en medios y pretendían que Lobato lo hiciera público.
Este caso generó tensión interna en el PSOE, especialmente en el Congreso Federal del partido en Sevilla. Algunos dirigentes socialistas han expresado su malestar con la actuación de Lobato, acusándolo de deslealtad y de poner en riesgo la estabilidad del partido.
Por su parte, Lobato ha defendido su actuación, argumentando que buscaba protegerse de posibles ataques políticos. El Tribunal Supremo ha levantado el secreto de los informes periciales elaborados por la UCO sobre el contenido del teléfono móvil de Lobato.
Estos informes revelan que Moncloa tuvo acceso al correo antes de su publicación en prensa, lo que podría constituir una violación de la confidencialidad y comprometer la imparcialidad de la investigación.
La investigación también apunta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Por su presunta implicación en la filtración del correo.
Sin embargo, la UCO no ha encontrado pruebas en los dispositivos electrónicos de García Ortiz que lo vinculen con la filtración. Este caso ha puesto de manifiesto las luchas internas y las estrategias políticas dentro del PSOE y el Gobierno. Así como la utilización de información confidencial con fines políticos.
La investigación sigue en curso, y se espera que el juez decida si amplía la misma para incluir a más personas que pudieron tener acceso al correo antes de su publicación.
Mientras tanto, las tensiones dentro del PSOE continúan. Este caso podría tener implicaciones significativas para la política española, especialmente en un momento de creciente polarización y desconfianza en las instituciones.
