La campaña extraordinaria de regularización de personas migrantes impulsada por el Gobierno ha concluido con 1.174.000 solicitudes registradas. De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la agencia EFE, más de la mitad de los expedientes ya han comenzado a tramitarse, un paso que permite a los solicitantes obtener una autorización temporal para residir legalmente en España.
La mayoría de las peticiones procede de ciudadanos latinoamericanos. En concreto, el 67 % de quienes han solicitado acogerse a esta medida son originarios de países de América Central y del Sur. Entre todas las nacionalidades, los colombianos representan el grupo más numeroso, con el 26 % del total de solicitudes. Les siguen los ciudadanos de Marruecos (13,4 %), Venezuela (11,7 %) y Perú (8,8 %).
Por territorios, Cataluña lidera el número de expedientes presentados, con más de 257.000. A continuación se sitúan la Comunidad de Madrid, con unas 202.000 solicitudes, la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, donde se han contabilizado alrededor de 161.000.
Cataluña lidera el número de expedientes presentados, con más de 257.000
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha valorado muy positivamente el desarrollo de este proceso. En unas declaraciones remitidas a los medios, afirmó que esta iniciativa permitirá que cientos de miles de personas que ya viven en España puedan dejar atrás la incertidumbre y comenzar una nueva etapa con mayores garantías y expectativas de futuro. Además, calificó esta regularización como uno de los avances más relevantes de la política migratoria española y puso en valor el trabajo conjunto que ha hecho posible su puesta en marcha.
El periodo para presentar las solicitudes permaneció abierto desde el 16 de abril hasta el 30 de junio. Durante esas semanas, diversas organizaciones sociales y los partidos Sumar y Podemos reclamaron una ampliación del plazo, al considerar que muchas personas estaban encontrando obstáculos administrativos que dificultaban completar el procedimiento dentro del tiempo previsto.
La aprobación de esta regularización extraordinaria se produjo mediante un real decreto del Gobierno. La medida tiene su origen en una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 600.000 firmas ciudadanas, aunque su tramitación en el Congreso quedó paralizada por la falta de consenso entre los grupos parlamentarios.
Podían acceder a este proceso las personas extranjeras que hubieran permanecido en situación administrativa irregular en España antes del 1 de enero y acreditaran una residencia mínima de cinco meses en el país. También se incluyó a quienes habían solicitado protección internacional antes de esa fecha, siempre que no contaran con antecedentes penales.
