El Ministerio de Sanidad quiere incorporar el nivel de renta de los pacientes al nuevo sistema con el que pretende medir las listas de espera del Sistema Nacional de Salud. Según una información exclusiva publicada por ABC, el departamento dirigido por Mónica García plantea cruzar los registros remitidos por las comunidades autónomas con otras bases de datos para conocer, entre otros factores, la situación socioeconómica de quienes esperan una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica.
La medida aparece recogida en el proyecto de real decreto que Sanidad presentará este viernes ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El texto establece que el tratamiento tendrá una finalidad exclusivamente estadística, de planificación y de evaluación y descarta que los datos puedan utilizarse para adoptar decisiones individualizadas sobre pacientes concretos.
Además de la renta o el nivel de privación socioeconómica, el Ministerio pretende poder diferenciar los indicadores atendiendo al país de nacimiento y al lugar de residencia, distinguiendo entre ámbitos rurales y urbanos. Para ello, la información será seudonimizada mediante códigos destinados a impedir la identificación directa de cada persona.
El Ministerio de Sanidad de Mónica García quiere conocer la renta de los pacientes que están en lista de espera
Mónica García cambia la forma de contabilizar las listas de espera
El proyecto supone una modificación importante respecto al actual modelo. Sanidad quiere establecer criterios comunes para todas las comunidades autónomas después de que Mónica García haya denunciado en distintas ocasiones diferencias en la manera de contabilizar las demoras sanitarias.
Una de las principales novedades afectará a Atención Primaria. Hasta ahora, el sistema estatal no contabilizaba directamente cuánto espera un paciente para ser atendido por su médico de familia, enfermero o pediatra. Con el nuevo modelo, la espera comenzará a computarse desde el momento en el que se solicite la cita.
También cambiará el registro hospitalario. Un paciente entrará en lista desde que el facultativo determine que necesita una consulta especializada, una prueba o una operación, incluso aunque todavía no exista disponibilidad en la agenda. El procedimiento administrativo deberá formalizarse en un máximo de cinco días naturales y el proyecto busca impedir la existencia de listados paralelos.
Las autonomías dispondrán de dos años para adaptar sus sistemas informáticos y de medición. Además, los datos pasarán a publicarse trimestralmente, frente a la periodicidad semestral actual.
El Ministerio de Sanidad de Mónica García quiere conocer la renta de los pacientes que están en lista de espera
Los pacientes permanecerán en la lista hasta completar todo el proceso
El nuevo sistema pretende también evitar que los pacientes desaparezcan estadísticamente de las listas antes de terminar realmente su tratamiento. Si una persona necesita primero acudir a un especialista y posteriormente someterse a una operación, continuará contabilizada hasta que finalice la intervención.
La misma regla se aplicará cuando el enfermo sea derivado a un centro concertado para reducir los tiempos. Tampoco perderán su posición quienes rechacen trasladarse a otro hospital, ya sea público o privado.
El proyecto amplía asimismo de 15 a 25 los procedimientos y cirugías sobre los que se medirá la demora e incorporará el seguimiento de 15 pruebas diagnósticas. Los pacientes podrán conocer el motivo por el que figuran en espera, la prioridad clínica asignada, el tiempo acumulado y una estimación de la demora.
Sanidad defiende que el cruce de información sobre renta, origen o ámbito de residencia permitirá analizar desigualdades dentro del sistema. El Ministerio insiste en que esos datos se publicarán únicamente de forma agregada y anonimizada y que estará prohibida la reidentificación de los pacientes.
