EDATV La millonaria cifra que Sánchez ha destinado para atender a menas
Ya son 135 millones en fondos para menas en lo que va de año, sin mejorar el control fronterizo
El Consejo de Ministros aprobó este martes una nueva partida extraordinaria de 13 millones de euros para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, destinada a la atención de menores extranjeros no acompañados. En total, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha transferido ya 135 millones en lo que va de año solo para este fin. Un gasto que crece sin freno mientras muchas familias españolas aún esperan las ayudas prometidas tras la DANA, justo hoy, en su aniversario.
El Gobierno justifica esta nueva inyección como un 'apoyo necesario' al esfuerzo de las administraciones locales ante la llegada masiva de menas. Sin embargo, la magnitud de los fondos evidencia una crisis migratoria fuera de control. Las políticas siguen centradas en mitigar las consecuencias, no en frenar las causas.
El archipiélago recibirá cinco millones de euros, consolidándose como el principal punto de entrada de la inmigración ilegal por mar. La presión sobre el sistema de protección de menores sigue al límite, pese a las sucesivas transferencias del Gobierno. Aun así, las llegadas no cesan y las medidas de control siguen brillando por su ausencia.
Cantidades millonarias para inmigrantes ilegales. | EDATV
Ceuta, con apenas 85.000 habitantes, percibirá 4,1 millones para atender a los menores derivados del incremento migratorio. El Alto Comisionado de la ONU contabiliza más de 3.300 llegadas ilegales, un 50% más que el año pasado. Los centros de acogida están saturados y las fronteras, desbordadas.
La ciudad autónoma recibirá 2,7 millones para afrontar un aumento superior al 200% en las entradas ilegales. La valla fronteriza y los saltos masivos vuelven a poner a prueba un sistema que el Gobierno insiste en sostener con dinero público. Sin embargo, los recursos no frenan una dinámica que parece imparable.
El Ejecutivo destina 1,2 millones de euros a Baleares, donde las llegadas ilegales han aumentado un 75%. El archipiélago, declarado en emergencia migratoria, vive un fenómeno inédito que amenaza con cronificarse.
En menos de un año, el Ejecutivo ha desembolsado 135 millones para paliar los efectos de una inmigración desbordada. Una política que prioriza la acogida sobre el control, mientras las llegadas ilegales se disparan en todos los frentes. Y todo esto mientras miles de españoles siguen esperando ayudas por catástrofes o tratamientos como los de la ELA, a los que el Gobierno siempre parece llegar tarde.
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