La devastación causada por la DANA reveló un complejo dilema de prioridades en la administración de recursos públicos
Hace unos días en el Consejo de Ministros ha aprobado una partida inicial de 35 millones de euros. Para la atención de inmigrantes irregulares en 2024.
Este presupuesto se dividirá en dos bloques: 15 millones destinados a Canarias, Ceuta y Melilla, y otros 20 millones para financiar los traslados entre las diferentes comunidades autónomas.
En el primer bloque, los 15 millones se repartirán así: seis millones irán a Canarias, mientras que Ceuta y Melilla recibirán 4,5 millones cada una.
Estos fondos cubrirán los gastos relacionados con la acogida inicial y la atención a inmigrantes. Incluyen programas de asesoramiento psicosocial, escolarización, integración social y laboral, así como asistencia legal en temas de extranjería y asilo.
Además, servirán para aumentar las plazas en los centros de acogida y financiar gastos operativos.
Los 20 millones restantes se destinarán a la reubicación de 400 menores no acompañados entre comunidades autónomas, de los cuales 300 provendrán de Canarias y 100 de Ceuta.
Se ha acordado que 347 de estos menores serán trasladados durante el próximo año. De otro lado, un total de 53 permanecerán en sus lugares de origen (40 en Canarias y 13 en Ceuta). Aunque estos territorios seguirán recibiendo financiación por las plazas ocupadas por los menores.
Los fondos cubrirán la atención de los menores, su integración en residencias o familias de acogida, escolarización, integración social y asistencia en procesos de asilo.
También se prevé un mecanismo para evaluar y financiar el esfuerzo de las comunidades, compensando los gastos adicionales derivados del aumento de plazas en los sistemas de acogida.
Tras la devastación causada por la última DANA que azotó la Comunidad Valenciana, causando 62 muertes confirmadas y una cifra inicial de 1,900 personas desaparecidas. El gobierno de Pedro Sánchez enfrentó críticas.
Una por no tomar cartas en el asunto y enviar ayudas. La otra por claramente ayudar con financiación a los inmigrantes que llegan de forma irregular. Que a los españoles que hoy sufren la catástrofe natural en Valencia.
Frente a la falta de recursos suficientes para enfrentar la emergencia en Valencia. Líderes locales y ciudadanos intensificaron las demandas de redistribuir los fondos asignados a inmigración hacia la reconstrucción y atención a las víctimas de la DANA.
Carlos Mazón afirmó que Valencia necesitaba “todos los recursos disponibles” para poder atender a la población afectada y mitigar los daños.
La devastación causada por la DANA reveló un complejo dilema de prioridades en la administración de los recursos públicos. En un país donde los desastres naturales y la crisis migratoria parecen desafiar constantemente las políticas de emergencia y de acogida.
