La menor que fue abusada por el exmarido de Mónica Oltra, exvicepresidenta del Consell y exlíder de Compromís, ha solicitado una condena de tres años y medio de prisión y 12 años de inhabilitación para Oltra. Esto se debe a los delitos de prevaricación, malversación y contra la integridad moral.
Recientemente, el juez a cargo del caso, del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, emitió un auto de procedimiento abreviado contra Oltra y su equipo. Este auto es similar a un procesamiento en otros procedimientos legales. Sin embargo, el magistrado indicó que tomó esta decisión por "imperativo legal" siguiendo una orden de la Audiencia Provincial, la cual cuestionó las conclusiones de la investigación exhaustiva realizada por el juez.
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia decidió reabrir la causa contra Mónica Oltra y varios ex altos cargos del departamento que dirigía. La investigación se centra en el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor que estaba bajo tutela del Estado. Esta decisión de la Audiencia llega después de considerar que había suficientes indicios para investigar más a fondo las actuaciones de Oltra y su equipo.
La reapertura del caso ha generado un gran revuelo en el ámbito político y judicial. Mónica Oltra, quien fue una figura destacada en el gobierno autonómico y portavoz del Botànic, ha mantenido su inocencia. Sin embargo, este nuevo avance en el proceso legal pone en el centro del debate las responsabilidades y actuaciones de los funcionarios públicos en casos tan delicados como el abuso y la protección de menores.
El desenlace de este caso será crucial para determinar no solo el futuro legal y político de Mónica Oltra, su equipo y Compromis, sino también para sentar precedentes sobre cómo se manejan y se investigan las denuncias de abuso sexual dentro de las instituciones de protección a menores.
