El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado la implementación de un protocolo de apoyo y protección dirigido al personal docente y no docente de los centros educativos sostenidos con fondos públicos en la Comunitat Valenciana. Este protocolo busca garantizar la seguridad y bienestar de los profesionales del sector educativo y abarca tanto agresiones físicas como aquellas realizadas mediante medios digitales.
El protocolo se aplicará en todas las actividades relacionadas con el ámbito educativo, incluyendo:
Actividades lectivas y extraescolares.
Servicios complementarios como transporte y comedor escolar.
Funciones administrativas y cualquier situación derivada del ejercicio profesional.
El personal incluido abarca docentes, personal de atención educativa y de administración en centros públicos y concertados no universitarios.
Principales medidas del protocolo
Asistencia jurídica y psicológica:
Se garantizará el apoyo legal a través de la Abogacía de la Generalitat.
Asesoramiento y acompañamiento psicológico mediante la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.
Comunicación y actuación inmediata:
El personal del centro prestará auxilio inmediato ante cualquier agresión.
Se contactará con la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil si es necesario.
Los directores deberán registrar los incidentes en el sistema PREVI de ÍTACA e informar a la inspección educativa y a la persona afectada sobre las acciones previstas.
Denuncia de los hechos:
Las víctimas podrán presentar una denuncia ante el Ministerio Fiscal, el juzgado de guardia o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si los hechos constituyen delito.
Seguimiento y evaluación:
Se constituirá una comisión de seguimiento integrada por representantes de diversos organismos y organizaciones sindicales para evaluar la aplicación y eficacia del protocolo.
Un protocolo consensuado y práctico
El protocolo, que actualiza el anexo V de la Orden 62/2014, ha sido desarrollado tras meses de reuniones con organizaciones sindicales y comités de seguridad y salud laboral. Además, incluye una guía práctica que detalla los modelos de comunicación e informes necesarios para implementar el protocolo de forma efectiva.
Carlos Mazón ha destacado que este esfuerzo busca crear un entorno seguro y respetuoso para el desempeño de las funciones de los profesionales educativos, subrayando que "este protocolo representa un paso significativo hacia la protección y el apoyo del personal de los centros educativos".
La resolución será publicada en el DOGV el viernes 27 de diciembre y estará en vigor de forma inmediata, marcando un avance en la defensa de los derechos y la seguridad del colectivo educativo en la Comunitat Valenciana.
