El Gobierno valenciano, liderado por Carlos Mazón, ha anunciado la creación de una oficina para atender a las víctimas de la okupación ilegal. La iniciativa, que será gestionada por la Conselleria de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda, dirigida por la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, responde a un compromiso electoral del Partido Popular en la última campaña autonómica.
Camarero ha confirmado la puesta en marcha de esta oficina, cuyo objetivo es asesorar a los afectados y garantizar que los okupas no puedan empadronarse en viviendas ocupadas ilegalmente. Además, contará con una línea de atención telefónica que permitirá movilizar a la Policía Local en las primeras 24 horas para facilitar el desalojo inmediato de los inmuebles.
El proyecto forma parte del acuerdo de inicio de legislatura entre el PP y Vox, concretamente en el punto 47 del pacto de gobierno. Esta medida busca combatir la okupación, un problema que, según Camarero, afecta al 10% de las 15.000 viviendas del parque público valenciano. “Cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos con una situación alarmante en la que miles de viviendas estaban ocupadas o carecían de un título legal. No podemos permitir que las familias que han sido despojadas de sus hogares se sientan desamparadas”, explicó la vicepresidenta.
El plan autonómico contra la okupación también contempla la mejora en la atención a las víctimas y la firma de convenios con los colegios de abogados para agilizar los procedimientos legales contra los ocupantes ilegales. El Consell se compromete a actuar con firmeza y ofrecer soluciones a los propietarios perjudicados por este fenómeno.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Mazón y los principales ayuntamientos de la Comunidad Valenciana cumplen su promesa electoral. Alicante ya cuenta con una oficina anti okupas en funcionamiento, y en Valencia su apertura es inminente. Con ello, se refuerza la lucha contra la okupación y se da respuesta a una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos.
