Mazón se impone en la gestión de ayudas tras la DANA frente a la lentitud de Sanchez

La gestión de las ayudas para paliar los efectos de la DANA en la Comunitat Valenciana ha puesto en evidencia las diferencias entre la administración autonómica y el Ejecutivo central. Mientras el Consell de Carlos Mazón ha abonado 286,8 millones de euros en ayudas a los afectados, el Gobierno de Pedro Sánchez apenas ha desembolsado 85 millones, triplicando así la administración valenciana la cuantía otorgada por el Ejecutivo central.

En lo que respecta a las ayudas para la pérdida de bienes y enseres, la Generalitat ha destinado 140,2 millones de euros a 23.373 hogares damnificados. Este importe representa el 61% del presupuesto total de 230 millones de euros para este fin. En contraste, el Gobierno central tan solo ha abonado 60 millones de euros, una cifra que apenas cubre el 7,8% de las solicitudes registradas.

La diferencia es aún más evidente en las ayudas para la adquisición de vehículos, un elemento esencial para la movilidad de los afectados. El Consell ha pagado 77.238 solicitudes, lo que supone el 89% del total registrado, con un importe de 146,6 millones de euros. Por su parte, el Gobierno de Sánchez ha concedido solo 9.616 ayudas de las 25.778 solicitudes recibidas, y de ellas, únicamente ha abonado 5.000, lo que representa un 19,3% del total. De este modo, la administración valenciana ha pagado 15 veces más solicitudes que el Ejecutivo central.

Las cifras evidencian una notable diferencia en la capacidad de gestión entre ambas administraciones. Mientras el Consell de Mazón ha mostrado una notable agilidad en la tramitación de las ayudas, permitiendo que los afectados dispongan rápidamente del apoyo económico necesario, la lentitud en la gestión del Gobierno central ha generado malestar entre los damnificados.

Con una inversión de 286,8 millones de euros en ayudas, la Generalitat Valenciana ha demostrado su compromiso con la recuperación de los afectados por la DANA, contrastando con la falta de respuesta efectiva del Ejecutivo central, cuya gestión ha sido calificada de insuficiente y lenta por los propios afectados.