Mazón: 'La Comunidad Valenciana tiene las mayores desgravaciones de toda España'

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha destacado que la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) ha permitido a 13.400 jóvenes y personas vulnerables de la Comunitat Valenciana un ahorro total de 17,4 millones de euros en lo que va de 2024. Esta medida forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por el Consell para mejorar el acceso a la vivienda y apoyar la emancipación, en especial para jóvenes menores de 35 años y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Mazón subrayó que la rebaja del ITP del 8% al 6% para jóvenes menores de 35 años ha supuesto un beneficio significativo, con un ahorro promedio de 1.404 euros por contribuyente. Además, el Consell ha implementado un tipo reducido del 3% en el ITP para la compra de viviendas de protección oficial y de otros colectivos, como personas con discapacidad, familias numerosas, monoparentales y mujeres víctimas de violencia de género.

Por provincias, Valencia lidera el ahorro con 6.707 beneficiarios que han ahorrado en promedio 1.388 euros; Alicante ha registrado un ahorro medio de 1.231 euros, y Castellón ha alcanzado un ahorro medio de 1.135 euros.

Además de estas medidas fiscales, Mazón recordó el Plan Vive, que ya cuenta con la adhesión de 260 municipios y planea licitar los primeros 1.500 inmuebles para vivienda de protección oficial. También mencionó el programa de avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para jóvenes menores de 45 años, que ha respaldado 156 operaciones con un valor de 17 millones de euros. Otra iniciativa relevante es el aumento en el bono joven de alquiler, que ha ampliado su alcance en un 44% gracias a una inversión adicional de 9 millones de euros.

Para 2025, Mazón anticipó una deducción aumentada en el IRPF por nacimiento, adopción o acogimiento familiar, la congelación del canon del agua y la rebaja del 60% en el ITP para propiedades agrícolas, entre otras medidas. El presidente del Consell instó al Gobierno central a priorizar la vivienda como una política de Estado para responder eficazmente a las necesidades sociales y económicas de la región y del país.