Los miembros de estas asociaciones ya habían mostrado su postura en contra de García Ortiz
La tensión en el Ministerio Público ha escalado tras la reunión del Consejo Fiscal. Donde la mayoría de sus miembros solicitó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Que dimita tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa en su contra por presunta revelación de secretos.
De acuerdo con fuentes presentes en la reunión, siete de los consejeros votaron a favor de que García Ortiz abandone su cargo, mientras que cuatro se mantuvieron en su apoyo.
Este llamado a la dimisión ha sido impulsado principalmente por los vocales de la Asociación de Fiscales y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Ambas organizaciones con tendencia conservadora que conforman la mayoría en el Consejo Fiscal. Los miembros de estas asociaciones ya habían mostrado su postura en contra de García Ortiz mediante comunicados tras la resolución del Tribunal Supremo.
El caso que enfrenta al fiscal general del Estado surge a raíz de la denuncia interpuesta por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Quien lo acusa de haber revelado información secreta que podría haber sido utilizada con fines políticos.
La apertura de esta causa ha puesto en una situación delicada al máximo representante del Ministerio Público. Quien ahora debe lidiar con el creciente malestar dentro de la propia institución que encabeza.
El Consejo Fiscal es un órgano consultivo clave en el Ministerio Público que participa en las decisiones más importantes sobre la organización y el funcionamiento de la Fiscalía en España. Si bien su papel no es vinculante en cuanto a la destitución o renuncia de un fiscal general. Su postura influye en el debate público y en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la legitimidad de quienes ocupan cargos de responsabilidad.
En este caso, la mayoría de los vocales que han solicitado la dimisión de García Ortiz consideran que su permanencia en el cargo. Esto podría afectar la credibilidad y el buen funcionamiento del Ministerio Público, especialmente ante la gravedad de las acusaciones que se le imputan.
La revelación de secretos es un delito grave, y al estar involucrado en un proceso judicial. Creen que su continuidad podría enturbiar la imparcialidad que debe caracterizar al máximo responsable de la Fiscalía.
Por otro lado, los cuatro vocales que apoyan a García Ortiz están compuestos por los dos miembros de la Unión Progresista de Fiscales de tendencia más cercana al actual Gobierno. Además, las vocales natas, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, y la fiscal inspectora, María Antonia Sanz. Este bloque de apoyo insiste en que el fiscal general tiene derecho a la presunción de inocencia y que, hasta que se demuestre lo contrario.
