La crisis migratoria de Ceuta perderá parte de los refuerzos policiales enviados por el Gobierno durante los últimos meses. El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, ha decidido trasladar a la Península a cerca de 200 antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pese a que su misión en la ciudad autónoma debía prolongarse hasta finales de año.
Según han adelantado fuentes policiales a THE OBJECTIVE, el Ejecutivo pretende disponer de más efectivos para responder a posibles incidentes durante la próxima campaña electoral. Los recientes enfrentamientos en actos políticos y la conflictividad vinculada a cuestiones como la vivienda, la educación y la sanidad han llevado a Interior a revisar sus necesidades operativas.
La decisión supone modificar un dispositivo extraordinario establecido para afrontar la llegada de inmigrantes a Ceuta. Dos grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y tres de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) tienen previsto abandonar la ciudad en las próximas horas. La reorganización también afectará a Melilla, donde se retirará uno de los dos grupos de la UIP desplegados.
La decisión supone modificar un dispositivo extraordinario establecido para afrontar la llegada de inmigrantes a Ceuta
El cambio ha provocado desconcierto entre algunos agentes de la Guardia Civil. Tres pelotones procedentes de León, destinados recientemente a Ceuta, han recibido instrucciones para regresar cuando apenas habían transcurrido cuatro días desde su llegada.
La reducción de efectivos se llevará a cabo sin que, según el citado periódico, el Ministerio del Interior haya informado públicamente de la decisión.
Menos efectivos frente a las redes de inmigración irregular
El repliegue coincide con las dificultades que afrontan las autoridades para controlar los movimientos migratorios en Ceuta. Desde los episodios de entradas masivas registrados a finales de julio, las fuerzas de seguridad han mantenido una vigilancia reforzada en los principales puntos de salida hacia territorio peninsular.
El puerto de Ceuta se ha convertido en uno de los enclaves prioritarios de estos operativos. Allí, los agentes tratan de impedir que personas en situación irregular se oculten en vehículos destinados a embarcar hacia la Península.
A esta labor se añade la persecución de las organizaciones que utilizan el mar para trasladar clandestinamente a inmigrantes hasta Andalucía.
Las investigaciones policiales recogidas por THE OBJECTIVE apuntan a la existencia de redes que cobran hasta 8.000 euros por facilitar el traslado desde Ceuta hasta Cádiz. Los responsables de estas operaciones recurren a embarcaciones rápidas y, en algunos casos, mantienen a los inmigrantes escondidos en instalaciones improvisadas hasta organizar su salida.
La intensidad de esta actividad ha llevado a los agentes a intervenir hasta cuatro lanchas neumáticas en una misma jornada.
A pesar de la retirada anunciada, el dispositivo extraordinario no desaparecerá por completo. Las previsiones contemplan mantener unos 300 policías nacionales de la UIP y guardias civiles de los GRS hasta diciembre.
