El Partido Popular, a través de sus representantes Ana Belén Vázquez, Macarena Montesinos y Álvaro Pérez, presentó varias preguntas en el Congreso
El Partido Popular ha solicitado la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska y el director de Policía, Francisco Pardo. Quieren explicaciones sobre el respaldo técnico ofrecido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras el borrado de sus mensajes en plena investigación.
Esta petición surge tras conocerse que García Ortiz contactó con la Policía Nacional para resolver cuestiones técnicas sobre ciberseguridad.
La solicitud ocurrió apenas 72 horas después de que el juez del Ángel Luis Hurtado, ordenara a la Guardia Civil recuperar los mensajes eliminados.
Según publica El Confidencial que un contacto cercano al fiscal inició el proceso el 9 de enero. Este se dirigió al jefe de la Brigada de Seguridad Informática. Quien a su vez canalizó la solicitud a través de un funcionario del Ministerio de Justicia.
Finalmente, la petición llegó al comisario Juan Carlos Sancho, responsable de la unidad de ciberdelincuencia.
En paralelo, el Tribunal Supremo solicitó a las plataformas WhatsApp LLC y Google información relacionada con las cuentas del fiscal para esclarecer el caso. Estas acciones han despertado serias dudas dentro de la oposición, que acusa al Gobierno de involucrarse en el proceso.
El Partido Popular, a través de sus representantes Ana Belén Vázquez, Macarena Montesinos y Álvaro Pérez, presentó varias preguntas en el Congreso.
En ellas cuestionan si algún miembro del Ejecutivo estaba al tanto de la solicitud y si esta se realizó de manera oficial o extraoficial. También piden al Gobierno valorar si es ético que un investigado consulte dudas técnicas con altos mandos policiales.
La controversia se agrava tras conocerse que tanto García Ortiz como otros miembros del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez. Habrían cambiado de dispositivos móviles tras iniciarse la investigación.
Este movimiento, junto con la participación de la unidad de ciberdelincuencia, ha generado múltiples especulaciones sobre un intento de obstruir la justicia.
Por su parte, el Senado ya reprobó al fiscal general del Estado. Mientras, el PP redobla sus esfuerzos para que Marlaska y Pardo comparezcan. Además, aclaren si la Policía Nacional actuó en complicidad con el entorno del fiscal.
Desde el Gobierno, por el momento, no se han pronunciado oficialmente sobre las acusaciones. No obstante, el tema ha tomado fuerza en la agenda política y se prevé un tenso debate parlamentario en los próximos días.
El PP busca determinar si existió alguna orden directa o indirecta por parte del Ejecutivo que justifique el asesoramiento técnico brindado al fiscal general. Con esta ofensiva, la oposición espera aclarar responsabilidades y frenar lo que consideran un grave atropello a las instituciones judiciales y a la democracia.
El caso de Álvaro García Ortiz se perfila como uno de los mayores escándalos de los últimos años, con implicaciones que podrían extenderse hasta las más altas esferas del Gobierno. La presión sobre Marlaska y Pardo aumenta, mientras el país aguarda respuestas claras sobre esta polémica.
