Marlaska marca distancias con Moncloa y refuerza la UCO con 150 agentes en plena crisis de las "cloacas" del PSOE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este miércoles en el Congreso de los Diputados un refuerzo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con 150 nuevos agentes, una decisión que llega en pleno estallido político por el denominado caso de las "cloacas" del PSOE y cuando varias investigaciones judiciales afectan de forma directa al entorno del Gobierno.

El anuncio se produjo apenas un día después de la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Senado. La responsable del instituto armado tuvo que dar explicaciones por sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez, señalada por su presunta participación en una trama destinada a interferir en causas judiciales que afectaban al PSOE y al Ejecutivo.

La UCO se encuentra actualmente al frente de algunas de las investigaciones más sensibles para el Gobierno. Entre ellas figuran las diligencias relacionadas con el denominado caso Koldo, la investigación sobre Begoña Gómez, la causa que afecta al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz o las pesquisas sobre David Sánchez. Según distintas fuentes, la unidad arrastra desde hace meses una importante sobrecarga de trabajo derivada de la acumulación de dispositivos electrónicos y documentación pendiente de análisis.

Marlaska defiende la neutralidad de las unidades de investigación

Durante la sesión de control al Gobierno, Marlaska aprovechó también para respaldar públicamente el trabajo de la UCO y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. El ministro insistió en que ambas unidades actúan siempre bajo la dirección de jueces y fiscales y rechazó que sus informes puedan interpretarse como resoluciones judiciales.

"No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia", afirmó desde la tribuna del Congreso. Según explicó, la función de estas unidades es recopilar pruebas y desarrollar investigaciones policiales, mientras que corresponde a los tribunales determinar eventuales responsabilidades penales.

Las explicaciones del titular de Interior no convencieron a la oposición. Tanto el PP como Vox volvieron a exigir su dimisión por la gestión del caso Leire Díez y por las reuniones mantenidas por Mercedes González con la exmilitante socialista. Desde ambos partidos acusaron al ministro de actuar como escudo político del Gobierno y de intentar minimizar la gravedad de unas informaciones que siguen generando una fuerte tensión en el panorama político nacional.