Manos Limpias llevará a los tribunales al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su actuación ante la acampada que permanece instalada en la Puerta del Sol. La organización prepara una querella en la que atribuye al responsable estatal la presunta comisión de dos delitos relacionados con la falta de intervención ante el asentamiento.
Según ha adelantado su secretario general, Miguel Bernad, a Europa Press, la acción judicial se formulará por presunta prevaricación administrativa por omisión y omisión del deber de perseguir delitos.
La organización considera que Francisco Martín debería haber actuado para impedir la instalación y continuidad de la acampada surgida después de la manifestación por la vivienda celebrada este fin de semana en Madrid. Esta es, por ahora, la tesis de Manos Limpias y tendrá que ser un juzgado el que determine si procede admitir la querella y abrir una investigación.
La organización considera que Francisco Martín debería haber actuado para impedir la instalación y continuidad de la acampada
El movimiento judicial añade presión sobre la Delegación del Gobierno después de las críticas lanzadas desde el Ayuntamiento de Madrid por lo ocurrido en Sol.
El Ejecutivo municipal acusa al organismo estatal de «dejación de funciones» y cuestiona la respuesta ofrecida cuando los manifestantes comenzaron a permanecer de forma continuada en la plaza. Entre las explicaciones reclamadas figura la retirada de efectivos de la Policía Nacional de sus posiciones cuando empezaron a instalarse los asentamientos.
El Ayuntamiento sostiene que las competencias de orden público durante estas movilizaciones corresponden a la Delegación y ha exigido que se adopten las medidas necesarias para recuperar la normalidad en la Puerta del Sol.
La protesta procede de la movilización convocada por el Sindicato de Inquilinas para reclamar nuevas medidas en materia de vivienda. Tras finalizar la marcha, cientos de personas permanecieron en Sol y algunos participantes comenzaron una acampada que pretenden prolongar, al menos, hasta este martes.
Los manifestantes reclaman al Gobierno la aprobación en el Consejo de Ministros del denominado «decreto Maricarmen», bautizado de esta manera a raíz del caso de la mujer de 87 años desahuciada recientemente en Madrid.
La situación ha provocado también cambios en la agenda del alcalde. José Luis Martínez-Almeida ha suspendido un acto previsto para este lunes y ha convocado a su gabinete para analizar los acontecimientos de los últimos días.
