En el escrito remitido a la responsable de la Diputación, el colectivo sostiene que corresponde a la administración provincial proteger los recursos públicos
El sindicato Manos Limpias ha solicitado a la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, que promueva un procedimiento administrativo para reclamar las cantidades abonadas a David Sánchez y al exasesor de Moncloa Luis Carrero, al considerar que la institución provincial sería la perjudicada por los hechos analizados en el conocido como "caso David Sánchez".
En el escrito remitido a la responsable de la Diputación, el colectivo sostiene que corresponde a la administración provincial proteger los recursos públicos y, por ello, defiende que debe estudiar la recuperación de las retribuciones percibidas por ambos durante su etapa en la institución. Según expone Manos Limpias, esa actuación debería impulsarse por la vía administrativa y con independencia de las actuaciones desarrolladas en el proceso penal.
El sindicato recuerda que, durante el juicio, ya solicitó que los dos condenados devolvieran las cantidades percibidas. Sin embargo, señala que el tribunal no se pronunció sobre esa petición al entender que la acusación popular no ostentaba la condición de parte perjudicada, una circunstancia que, a juicio del colectivo, sitúa ahora a la propia Diputación como la administración legitimada para iniciar una reclamación patrimonial.
Esta iniciativa se diferencia de la estrategia seguida por otras acusaciones populares personadas en la causa. Mientras PP, Vox, Iustitia Europa y Hazte Oír han optado por acudir al Tribunal de Cuentas para solicitar que analice una eventual responsabilidad contable, Manos Limpias defiende que sea la propia institución provincial la que promueva el reintegro de las cantidades abonadas.
En su escrito, el sindicato recuerda además que David Sánchez desempeñó distintos cargos en la Diputación de Badajoz entre 2017 y 2025, mientras que Luis Carrero ocupó un puesto de responsabilidad entre 2023 y 2025, hasta abandonar la institución en el contexto de la investigación judicial. Según las distintas acusaciones populares, la cantidad cuya devolución pretenden asciende a 340.572 euros, si bien esa reclamación forma parte de las actuaciones impulsadas por las acusaciones y no constituye, por el momento, una resolución firme.
