La acampada que durante más de un mes ocupó la Puerta del Sol amenaza ahora con convertirse en un nuevo conflicto entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso estudia reclamar a la Delegación del Gobierno los perjuicios económicos ocasionados por los 38 días de ocupación, una factura que incluye pérdidas millonarias para los negocios del entorno y un importante descenso de usuarios en Metro.
Los cálculos presentados por el Gobierno regional apuntan a más de 30 millones de euros en pérdidas para los comercios de la zona. A esa cantidad se añaden los efectos sobre el transporte público: Metro de Madrid registró 494.000 viajeros menos, lo que representa un impacto económico estimado en 750.000 euros.
La Comunidad no quiere asumir estos costes sin exigir responsabilidades. Por ello, pondrá en marcha un expediente de responsabilidad patrimonial con el que pretende trasladar a la Delegación del Gobierno los gastos derivados de la protesta. El portavoz autonómico, Miguel Ángel García, ha explicado que primero se recopilarán y analizarán todas las cantidades antes de formalizar la reclamación.
El anuncio llega después de que las autoridades ordenasen retirar el asentamiento de la plaza, una operación que ha permitido recuperar el espacio público tras 38 días de ocupación. Los trabajos municipales de limpieza y desinfección continúan mientras se evalúan las consecuencias de la acampada.
El anuncio llega después de que las autoridades ordenasen retirar el asentamiento de la plaza
El desalojo abre una nueva etapa entre Ayuso y la Delegación
La presidenta madrileña ha aprovechado la llegada de Pilar Trinidad como nueva delegada del Gobierno para mantener un primer encuentro institucional en la Real Casa de Correos. La reunión, celebrada después del Consejo de Gobierno, ha servido para abordar tanto el desmantelamiento de la acampada como sus consecuencias para la capital.
Desde el Ejecutivo autonómico consideran que la decisión de retirar a los acampados supone un cambio respecto a la actitud mantenida hasta ahora por la Delegación. Miguel Ángel García ha cuestionado precisamente que la intervención no se produjese antes y ha planteado por qué el desalojo fue posible este martes, pero no durante las semanas anteriores.
Pese a las discrepancias, el portavoz ha descrito la reunión como "muy cordial". Ayuso, por su parte, ha agradecido a Trinidad que diera las instrucciones necesarias para ejecutar el desmantelamiento y que acudiese a la cita institucional.
La Comunidad confía en que el relevo al frente de la Delegación permita recuperar la comunicación entre ambas administraciones, deteriorada durante la etapa del anterior representante del Ejecutivo central.
García ha insistido en que existe "voluntad de colaborar", aunque ha acompañado ese mensaje de una crítica política al funcionamiento de la institución: espera que la Delegación del Gobierno en Madrid "deje de estar ocupada por el sanchismo".
