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Madrid denuncia al exdelegado del Gobierno Francisco Martín por permitir la acampada ilegal de Sol

Madrid denuncia al exdelegado del Gobierno Francisco Martín por permitir la acampada ilegal de Sol
La gestión de la acampada de la Puerta del Sol ha terminado en los tribunales
por Gonzalo Pinilla
16 de noviembre de 2026 a las 12:00
politica

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida entiende que el exdelegado disponía de competencias para intervenir

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La gestión de la acampada de la Puerta del Sol ha terminado en los tribunales. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado una denuncia penal contra Francisco Martín, antiguo delegado del Gobierno en la capital, al considerar que su falta de intervención permitió prolongar una situación que el Ejecutivo municipal califica de ilegal.

La iniciativa judicial se dirige contra Martín por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada en su modalidad omisiva. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida entiende que el exdelegado disponía de competencias para intervenir y que, pese a conocer los problemas asociados a la concentración, no adoptó las medidas necesarias.

La vicealcaldesa madrileña, Inmaculada Sanz, ha anunciado este lunes la presentación de la denuncia ante los juzgados de Plaza Castilla. La documentación entregada a la Justicia consta de 30 páginas y recoge las actuaciones municipales realizadas desde que comenzó la acampada, el pasado 26 de septiembre.

El Consistorio pretende demostrar que la ausencia de intervención no se debió a un desconocimiento de lo que ocurría. Para ello, ha incorporado las comunicaciones remitidas a la Delegación del Gobierno, así como los informes elaborados por los servicios municipales durante las semanas que permanecieron instaladas las tiendas de campaña.

La seguridad ciudadana constituye uno de los principales argumentos de la denuncia. Los documentos municipales alertaban de enfrentamientos, posibles riesgos durante una evacuación y presencia de objetos que, según el Ayuntamiento, podían utilizarse como armas. Estas circunstancias, sostiene el Ejecutivo local, permitían recurrir a las facultades previstas en el artículo 5 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión.

La permanencia de los manifestantes también tuvo consecuencias para el estado de la plaza. Los servicios municipales detectaron problemas de salubridad y daños en distintos elementos del mobiliario urbano y del patrimonio histórico. A ello se sumaron las quejas relacionadas con la actividad comercial de la zona y el perjuicio que, según el Ayuntamiento, sufrió la imagen de la ciudad.

La permanencia de los manifestantes también tuvo consecuencias para el estado de la plaza
La permanencia de los manifestantes también tuvo consecuencias para el estado de la plaza

El Ayuntamiento cuestiona que el desalojo llegara tras la dimisión de Martín

Una de las circunstancias que el Gobierno municipal considera especialmente relevantes es el momento en el que finalmente se puso fin a la protesta.

Francisco Martín abandonó su cargo el 26 de octubre y la acampada fue desalojada el 3 de noviembre. Para Sanz, esa sucesión de acontecimientos resulta significativa porque, según ha explicado, durante esos días no aparecieron nuevos factores que justificaran una modificación de la respuesta de las autoridades.

La vicealcaldesa considera que la salida del exdelegado marcó la diferencia en la gestión de la concentración. Esta interpretación forma parte de los argumentos con los que el Ayuntamiento pretende acreditar ante la Justicia la supuesta dejación de funciones.

El conflicto también ha dejado una factura económica. Madrid calcula que los primeros trabajos para recuperar la Puerta del Sol rondan los 40.000 euros, aunque advierte de que el balance definitivo será superior.

Entre los gastos identificados figuran 11.000 euros destinados a sustituir mobiliario urbano, 8.500 euros relacionados con los toldos y unos 12.000 euros para limpiar los monumentos. La estatua de Carlos III necesitará, además, una intervención de mayor alcance para recuperar su estado.

El Ayuntamiento también recuerda que durante la acampada fue necesario movilizar efectivos de la Policía Municipal y recursos del servicio de limpieza Selur. Aunque parte de estas actuaciones están contempladas en los contratos municipales, el Gobierno local considera que supusieron un despliegue extraordinario de medios públicos.

La Delegación del Gobierno defiende la legalidad de sus decisiones

La denuncia ha recibido una primera respuesta de la Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida actualmente por Pilar Trinidad.

Desde este organismo aseguran que todavía no han tenido acceso al escrito presentado por el Ayuntamiento, por lo que descartan realizar una valoración concreta de las acusaciones.

Sin embargo, defienden que la gestión de la acampada se desarrolló dentro del marco legal y con especial atención a la protección de los derechos fundamentales. La institución sostiene que sus decisiones se adoptaron con "rigor y responsabilidad", frente a las acusaciones formuladas por el Ejecutivo municipal.


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